Nace Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores para "esclarecer" lo ocurrido en los centros durante la pandemia

Familiares de fallecidos en las residencias de mayores y activistas en defensa de la Sanidad Pública y Derechos Humanos han lanzado la nueva asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, con el objetivo de "esclarecer" lo ocurrido en estos centros de toda España durante la pandemia. Asimismo, ha señalado que su propósito es "emitir una radiografía real de la organización, medios técnicos y humanos, protocolos con los que contaban las residencias, así como la gestión realizada por las direcciones de las Residencias, Centros de Día y la Administraciones Públicas, exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma". Igualmente, la asociación ha indicado que promoverá la existencia de una trama comunitaria que comparta una "perspectiva común" en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que más de 41.000 mayores han muerto en residencias de España a fecha de 2021, en Centros de Día o en sus domicilios sin atención sanitaria, así como conocer en que Comunidades Autónomas se produjeron las derivaciones a hospitales, descubrir el marco del negocio de la dependencia y denunciar la "mala gestión" que se haya podido llevar a cabo por las direcciones de las Residencias, Centros de Día, autoridades e instituciones En este sentido, ha criticado que, cuatro años después, todos los Gobiernos de los territorios "han cerrado el escenario de sus responsabilidades". "En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias sin atención médica, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan, queda un resquicio de esperanza con las 'Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid', ha apuntado. Asimismo, ha denunciado que "impera la Ley del silencio", por lo que considera de "obligado cumplimiento" llevar a cabo un análisis "riguroso y detallado" de lo que ocurrió, así como a investigar también los protocolos de no derivación que se ejecutaron en otras comunidades, el tratamiento de enfermos en centros creados para tratar a los enfermos de COVID o*la medicalización de las residencias. Al margen de las responsabilidades de gestión, políticas y jurídicas, la asociación ha destacado que el modelo actual de residencias "debe ser erradicado". "Un modelo basado en el lucro, en el que han aterrizado Fondos de Inversión, con empresas que sólo buscan maximizar su beneficio pagando sueldos bajos, no respetando las ratios, con una alimentación no apta, no sólo para los ancianos y ancianas, sino para la mayoría de personas, con unos cuidados muy deficientes y sin una atención sanitaria acorde a sus necesidades", ha asegurado. NUEVA LEY DE RESIDENCIAS DE CARÁCTER PÚBLICO Igualmente, ha agregado que la asociación se propone elaborar con los familiares de los residentes una nueva Ley de Residencias de carácter público, "con mínimos exigibles de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas y con el objetivo de unificar en único instrumento la dispersa normativa reguladora de la materia, armonizando los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros residenciales para personas mayores, así como las condiciones para su autorización, acreditación y homologación". Finalmente, ha apelado a la ciudadanía a participar "en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia".