Denuncian actas incompletas entregadas por Ecuador sobre asesinato de periodistas en 2018

Quito, 17 may (EFE).- Los familiares de los miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados y asesinados en 2018 por un grupo disidente colombiano de las FARC, denunciaron este viernes que el Gobierno de Ecuador les entregó de manera incompleta las actas secretas del Consejo de Seguridad Públíca y del Estado (Cosepe) que recientemente fueron desclasificadas por orden de la Corte Constitucional.

En una rueda de prensa, los parientes del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra indicaron que han tratado de ponerse en contacto con el Ministerio del Interior para contrastar los fragmentos que creen que faltan en los documentos, sin haber obtenido respuesta hasta ahora.

"Queremos pedir al Ministerio del Interior (las) hojas que faltan para darle contexto a todo lo que hablamos. Pensamos que primaba el buen criterio, pero nos toca otra vez volver al camino, a pedir la información con las respectivas respuestas que puedan darnos", señaló Ricardo Rivas, hermano de Paúl.

Rivas explicó que "es evidente lo que existe en el Acta 18, que no hay la prioridad de negociar (la liberación) ni la disposición de hacerlo, la preocupación es otra".

"En el tema del asesinato están preocupados en cómo comunicar a los medios lo que pasó, y en el Acta 20 es un contexto más diferente, que se les ve que quieren hacer algo, pero ya no por el caso", añadió.

El hermano del fotógrafo Paúl Rivas comentó que "se supone que esta información fue trabajada en 2018, pero caben dudas de si son reales o no estas actas" y recordó que estos documentos serían inservibles si se demuestran que fueron "recreados, adaptados, cortados, ampliados o reehechos".

"Ahora nos queda trasladar esta información a la Fiscalía para que avancen el proceso y que nos indiquen las acciones puntuales. En la próxima semana queremos tener una reunión específicamente con la Fiscalía. Con lo que tenemos, es evidente la responsabilidad estatal. Imagínense con el resto de información que nos falta", agregó Rivas.

Asimismo, explicó que en la rueda de prensa se detallaron una serie de inconsistencias, mientras que otras no han sido desveladas por el carácter de reserva que tiene el caso en la Fiscalía.

Por su parte, el abogado de los familiares del equipo periodístico de El Comercio, Mauricio Alarcón, apuntó que "este proceso de desclasificación ha demorado tres años, desde que se inició ante la Corte Constitucional, y lo que se ha logrado ha sido por la Corte, no por la voluntad y disposición de ningún Gobierno".

"Cuando acudimos al palacio de Gobierno esperábamos que el aporte iba a dar muchas luces", reconoció Alarcó, quien señaló que no solo hay fragmentos faltantes sino que también en algunos casos no hay firma de los participantes.

La entrega de las actas del Cosepe clasificadadas como reservadas se realizó en cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, que ordenó al Ejecutivo del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desclasificar estos documentos y entregarlos a los familiares, después de que no lo hiciesen las dos anteriores administraciones de los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).

Así, el pasado 9 de mayo recibieron más de 40 páginas y tres audios.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 cuando acudieron a la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, para recabar información sobre el auge de la violencia en el sector.

En abril de ese año, tras 18 días de incertidumbre, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó que los tres hombres fueron asesinados por el Frente Oliver Sinisterra, una organización disidente de la otrora guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderada por Walter Patricio Arízala, alias 'Guacho'.

Los cuerpos del equipo de prensa fueron encontrados en un área remota del municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador, y sus familiares han clamado desde 2018 por justicia y transparencia desde que se conoció este caso que conmocionó a la sociedad ecuatoriana.