La Justicia peruana declara "infundada" la demanda contra la ley que permite a Boluarte ejercer desde el exterior

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha declarado este viernes como "infundada" la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley que permite que la persona al frente de la Presidencia, en este caso Dina Boluarte, pueda ejercer sus funciones de manera remota cuando se encuentre en viaje oficial fuera del territorio nacional. El TC ha rechazado la petición, iniciada por un grupo de congresistas, al considerar que "no resulta contrario a la Constitución" que en un viaje al exterior el presidente gestione de manera remota su despacho, ha informado la agencia Andina. Del mismo modo, el organismo ha subrayado en su resolución que tampoco resulta inconstitucional servirse de las tecnologías digitales disponibles para cumplir con tal fin. La magistrada Luz Pacheco ha sido la encargada de exponer la causa y la decisión del tribunal respecto a la misma se ha alcanzado con el voto favorable de todos sus magistrados, exceptuando el del juez Manuel Monteagudo, que ha emitido un voto particular al opinar que el contenido de la mencionada ley es inconstitucional. En cualquier caso, la sentencia del caso contempla que la ley 31810 se aplicará de manera excepcional, solo en aquellos casos en los que el presidente que viaje al extranjero no cuente con vicepresidentes en los que delegar durante su ausencia. Además, el Congreso deberá autorizar estos viajes oficiales para que el mandatario en cuestión pueda utilizar las tecnologías a su alcance para seguir ejerciendo sus funciones. El Constitucional peruano ha recordado, no obstante, que en el momento de elaborarse el actual texto constitucional no se contempló la posibilidad de que no hubiera nadie en la Vicepresidencia para hacerse eventualmente cargo del despacho presidencial. Dina Boluarte presentó ante el Congreso en mayo de 2023 un proyecto de ley para mantenerse en el cargo de manera remota cuando se encontrase fuera del país, alegando precisamente la falta de la figura de la Vicepresidencia, cuyo titular es el encargado de ostentar el reemplazo ante la ausencia del jefe del Estado. Un mes más tarde, en junio de ese mismo año, el congreso ratificó la propuesta legislativa del Gobierno, en un contexto de crisis política y social desatado tras la caída en desgracia de Castillo e incentivado por las numerosas críticas contra la Administración de Boluarte por la represión mortal de las protestas, así como la incapacidad legal, lo que ha impedido que la nueva presidenta acuda a varias de las cumbres regionales que se han celebrado en los últimos meses.