Sánchez ultima su decisión sobre su futuro en el Gobierno con todas las opciones abiertas

Madrid, 28 abr (EFE)- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sopesa su futuro al frente del Ejecutivo, en medio de una gran expectación, con todas las opciones abiertas y presionado por la ola de solidaridad de dirigentes y militantes socialistas que, muy preocupados, le piden no dar un paso atrás.

Sánchez anunció esta semana que se daba cinco días (se cumplen mañana lunes) para reflexionar si merece la pena seguir como presidente, tras la campaña de "acoso y derribo", dijo, contra él de la derecha (Partido Popular), la ultraderecha (Vox) y medios y organizaciones afines a ambos, que incluye ataques a su esposa, Begoña Gómez.

La apertura de diligencias por parte de un juzgado de Madrid tras la denuncia presentada contra ella por el autodenominado sindicato, de extrema derecha, Manos Limpias por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción fue el detonante de su decisión de abrir la puerta a la dimisión.

Nadie, ningún ministro ni ningún dirigente socialista, incluso de su círculo más cercano, se atreve a augurar lo que ocurrirá, y todos los que se han pronunciado públicamente o han sido consultados por EFE coinciden en que no se puede descartar nada.

La sensación que transmiten es que Sánchez pensó en dimitir tras conocer la denuncia contra su mujer, pero que, para no actuar en caliente, decidió darse unos días de reflexión tal y como expuso en su carta a la ciudadanía publicada en la red social X el pasado miércoles.

Desde entonces, el presidente del Gobierno español no ha tenido agenda pública, pero no ha estado aislado, ya que ha mantenido conversaciones con ministros y dirigentes de su partido, y también con líderes internacionales que le han mostrado su apoyo como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

A la espera de que se despeje la incógnita, los miembros de su gabinete y otros líderes de la formación admiten que hay mucha preocupación por la decisión que tome, ya que confiesan que hay riesgo cierto de que dimita y algunos lo ven como la opción más probable.

Pero evitan hacer más cábalas sobre los escenarios posibles, que pasan porque continúe o se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, o lo que es lo mismo, conseguir una mayoría simple de apoyos en la cámara, es decir más síes que noes en una votación.

Otra opción es la convocatoria de elecciones, para lo que tendría que esperar aún poco más de un mes, ya que todavía no se ha cumplido un año de la de los comicios de julio de 2023.

La renuncia al cargo supondría intentar investir a otro representante socialista, hasta entonces quedaría al frente del Gobierno la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Desde su entorno rechazan la posibilidad de que Sánchez pudiera aspirar a un cargo en la Unión Europea como el de presidente del Consejo tras las elecciones a la Eurocámara del próximo 9 de junio.

Desde el anuncio de Sánchez, el Partido Socialista se ha conjurado para evitar que renuncie.

La formación transformó la reunión de su Comité Federal en apoyo a su líder, arropado también por 12.500 militantes y simpatizantes de toda España, según estimaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, que se concentraron en los alrededores de la sede central del partido en la capital española al grito de "Pedro, quédate".

Esa movilización confían en el Ejecutivo y en el PSOE que pueda despejar las dudas si es que las sigue teniendo y aún no ha tomado una decisión en firme, y se decante por anunciar que continúa en el cargo.

Su comparecencia de mañana lunes dará respuesta a los interrogantes y creen que, en todo caso, abrirá un tiempo nuevo.

Madrid, 28 abr (EFE).- La decisión que pueda anunciar mañana lunes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo, marcará la vida política más inmediata en el país y abre un escenario incierto con muchos interrogantes que, en su mayoría, tienen respuesta en la Constitución, la ley electoral y el Reglamento del Congreso.

La Constitución española prevé la posibilidad de que el presidente del Gobierno renuncie al cargo. El artículo 101 tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento de jefe del Ejecutivo o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría derivarse de una moción de censura exitosa o del fracaso de una cuestión de confianza presentadas en el Congreso.

En este caso, la dimisión de Sánchez conllevaría que todo el gabinete, incluido el propio presidente y sus ministros, continuarían en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.

Ello significa que durante ese periodo el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar o de convocar elecciones.

Como ocurre después de unas elecciones generales, sería el Congreso el encargado de elegir al sucesor Sánchez. El proceso, establecido en el artículo 99 de la Constitución, sería idéntico al de las investiduras que se celebran tras unos comicios al Congreso y al Senado.

Lo primero que tendría que hacer el Partido Socialista (PSOE) es designar un candidato a la investidura, si es que antes no lo ha propuesto el propio Sánchez en su mensaje de renuncia.

Por una cuestión de mera jerarquía en el gabinete, lo natural es que entre esos sucesores se encontraran la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; o la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

No obstante, no es necesario que el relevo de Sánchez sea miembro del Gobierno, ni siquiera diputado, ni tampoco militante del PSOE.

Una vez despejada esa incógnita, el rey Felipe VI haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Congreso de menor a mayor y, tras escuchar sus opiniones, designaría un candidato.

En esta hipótesis, el candidato designado por el monarca para suceder a Sánchez se sometería al debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados de 350) en primera votación o más síes que noes, en segunda.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey podrían optar a la Presidencia.

Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso, las Cortes se disolverían de forma automática y se convocarían nuevas elecciones.

La respuesta es no, por ahora. En el caso de que Pedro Sánchez decida continuar en el cargo debería esperar hasta finales de mayo para convocar una nueva cita con las urnas.

La ley establece que las elecciones anticipadas no pueden convocarse hasta pasado un año de la anterior disolución de las Cortes, que se hizo efectiva con su publicación en el Boletín oficial del Estado el 30 de mayo del 2023.

Para convocarlas, el presidente del Gobierno no puede estar en funciones así que, o Sánchez permanece en el cargo, o debería ser su sucesor o sucesora el que las convoque, pero no antes de ese plazo.

Solo desde entonces podría aprobarse el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días.

Ello llevaría las elecciones, como pronto, a la última semana del mes de julio. La ley no establece que tengan que celebrarse de forma obligatoria en domingo, pero si así fuera, la fecha más próxima sería el 28 de julio.

Una posibilidad barajada es que el presidente decida mantenerse en el cargo pero presente un cuestión de confianza, figura incluida en la Constitución.

La cuestión de confianza es una reválida de la investidura a la que se somete voluntariamente el propio presidente del Gobierno en momentos de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual pide expresamente el respaldo a su continuidad.

Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtiene el voto de la mayoría simple de los Diputados, es decir más síes que noes.

Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.