El presidente de Congreso de Perú saluda que se haya restituido la inhabilitación de magistrados

Lima, 26 abr (EFE).- El presidente del Congreso de Perú, Alejandro Soto, saludó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de su país de suspender la restitución de dos magistrados como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana.

Soto, quien integra la bancada del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), señaló en la red social X que el pronunciamiento del TC "ratifica la decisión legal y constitucional" que tomó el pleno del Congreso en marzo pasado de inhabilitar a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.

"Seguiré defendiendo al Congreso en pleno respeto a la separación de poderes", concluyó.

Tello y Vásquez fueron inhabilitados de sus cargos por una supuesta infracción constitucional, al permitir que la magistrada continúe sus funciones en la JNJ tras cumplir el límite de 75 años de edad.

Días después, la Primera Sala Superior Constitucional de Lima declaró fundada una medida cautelar de los magistrados y resolvió que el Congreso había afectado la "independencia y autonomía" en el ejercicio de las funciones de la JNJ, por lo que ordenó su "inmediata reposición".

El Legislativo respondió que el Poder Judicial no podía tomar decisiones que son de su competencia "exclusiva y excluyente" y presentó una demanda competencial ante el TC, así como un recurso ante la Corte Suprema.

Al respecto, el magistrado del TC César Ochoa informó este jueves que el organismo que integra suspendió la restitución de Tello y Vásquez, al declarar fundada en parte la medida cautelar del Congreso.

Añadió que esta decisión estará vigente hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema "resuelva el recurso de apelación sobre esa medida cautelar" que también ha presentado el Congreso.

La decisión del TC se conoció mientras la JNJ debate la resolución de un informe presentado por Tello que plantea la destitución definitiva de la suspendida fiscal general Patricia Benavides, quien es investigada como presunta líder de una red de tráfico de influencias al interior del Ministerio Público.

El magistrado Ochoa también informó que el TC declaró infundada una demanda competencial que presentó el Ministerio Público durante la gestión de Benavides contra la JNJ por considerar que este organismo había aplicado de manera indebida su potestad de sancionar y afectado el principio de separación de poderes al investigar "actos de administración interna" de la Fiscalía.

Ochoa dijo que el TC consideró que los actos de gestión al interior del Ministerio Público que "sí tienen impacto en la función fiscal" pueden ser investigados por la JNJ.