
El ministro de Exteriores de Botsuana, Lemogang Kwape, ha confirmado que el Gobierno de Reino Unido contactó con las autoridades del país para sondear si estarían dispuestas a acoger a migrantes deportados por Londres, en un modelo similar al pactado con Ruanda, aprobado el martes por el Parlamento británico entre críticas por parte de la comunidad internacional. "Puedo confirmar que el Gobierno británico (...) contactó con Botsuana a través de canales diplomáticos para que recibiera a migrantes irregulares llegados a Reino Unido, pero no aceptamos su petición", ha indicado Kwape en una entrevista concedida a la cadena de televisión sudafricana Newzroom Afrika. "Botsuana siempre ha sido un refugio para gente que huía de persecuciones, como el caso de Sudáfrica (durante el régimen de Apartheid)", ha explicado, si bien ha argumentado que el país "tiene suficientes problemas a los que hacer frente, incluidos de migración en nuestro vecindario". Así, ha argumentado que "recibir migrantes de otros países mientras hacemos frente a nuestros propios problemas en la región sería injusto para Botsuana". "Botsuana está en una posición en la que no puede aceptar migrantes irregulares de terceros países al tiempo que hace frente a sus propios problemas migratorios en la región", ha agregado. En este sentido, ha afirmado que las autoridades británicas "no fueron tan explícitas" a la hora de detallar el origen de los migrantes que podrían ser deportados, si bien ha señalado que "mencionaron a ciudadanos afganos". "No iría tan lejos como para afirmar que hubo un perfil racial", ha dicho Kwape, quien ha declinado pronunciarse sobre posibles beneficios ofrecidos, ya que el tema no llegó a ser sopesado. Las palabras del ministro de Exteriores de Botsuana llega al hilo de las informaciones en prensa británica sobre los esfuerzos del Gobierno británico para replicar su programa de deportaciones de migrantes a Ruanda con otros países, entre ellos Botsuana, Armenia, Costa de Marfil y Costa Rica. Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que el 'premier' británico, Rishi Sunak, aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas 'tories' para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del canal de la Mancha. Tras la aprobación del plan por parte del Parlamento británico, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertaron del "impacto dañino" sobre los Derechos Humanos y la protección a los refugiados de esta medida y pidieron a Londres que "reconsideren" este plan.
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