AI denuncia atrocidades contra las familias de yihadistas detenidas en los campos en el noreste de Siria

Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles que los carceleros kurdos de los campos de detención para familiares de yihadistas en el noreste de Siria están cometiendo un espectro de atrocidades contra las 56.000 personas, la mayoría mujeres y niños, que sobreviven en condiciones infrahumanas en estos centros, particularmente en los campamentos de Al Hol y de Al Roj. La ONG describe en su nuevo informe un sistema penitenciario subdesarrollado que ha causado, en palabras de la secretaria general de Amnistía, Agnés Callamard, "cientos de muertes evitables" en una población sometida a "condiciones inhumanas y torturas, incluidas fuertes palizas, así como violencia de género, separación familiar y una ola de desapariciones forzadas que podría haber afectado a miles de detenidos". Amnistía apunta como responsable directo de estos delitos al llamado gobierno autónomo de la Región del Norte y Este de Siria, compuesto por un brazo civil, la Administración Democrática Autónoma del Norte y Este de Siria y, por encima de todo, la organización armada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), grandes aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el yihadismo, especialmente contra Estado Islámico. Pero, como cómplice, la ONG apunta directamente a Washington, "implicado en la mayoría de los aspectos del sistema de detención" que mantiene, más de cinco años después de la derrota territorial de Estado Islámico, a "decenas de miles de personas detenidas de forma arbitraria e indefinida". EN EL LIMBO Ahora mismo hay unos 56.000 hombres, mujeres, niños y niñas recluidos en el sistema de detención del norte de Siria. Son unos 11.500 varones, 14.500 mujeres y 30.000 menores recluidos en al menos 27 centros de detención y dos grandes campos de detención: Al Hol y Al Roj. Algunos de los detenidos no son familiares, sino víctimas de los yihadistas, que se suman a mujeres y niñas víctimas de matrimonios forzados y jóvenes reclutados a la fuerza por la organización terrorista. Callamard ha denunciado que los carceleros han ejercido "crueldad y violencia escandalosas" contra todos estos detenidos que miden por el mismo rasero, mientras las fuerzas kurdas se han defendido ante la ONG argumentando que han quedado abandonadas a su suerte por la comunidad internacional, que ha "incumplido sus obligaciones jurídicas y morales" y les han dejado "solos para afrontar las consecuencias" de la lucha contra Estado Islámico. En su respuesta al informe de la ONG, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto de relieve los esfuerzos realizados para abordar los "difíciles retos humanitarios y de seguridad" en el noreste de Siria y ha instado a todos los actores presentes en Siria, incluidas las FDS, a "respetar y hacer respetar los derechos humanos". Estados Unidos, no obstante, ha reiterado que solo trabaja con facciones y miembros de las FDS que han sido "debidamente investigados". Este cruce de declaraciones atrapa en medio a estas decenas de miles de detenidos, los protagonistas del informe preparado por Amnistía después de tres visitas de su personal investigador al norte de Siria entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 y entrevistas a 314 personas, como Yusuf (nombre falso), quien ha denunciado que sus carceleros le torturaron con "tuberías de plástico, cables y tubos de acero", así como "descargas eléctricas" en centro de detención de Sini, dirigido por las FDS, a las afueras de la localidad de Al Shaddadi, en la gobernación de Hasaka. Otros detenidos han relatado episodios en los que amigos y compañeros de celda fallecieron en su presencia. Un detenido dijo que en su celda habían muerto 17 personas cuando las autoridades apagaron el extractor de aire un día en 2020. Según tres detenidos, los cadáveres de las personas fallecidas en Sini eran depositados en una fosa común, que llamaban "el hoyo". Ocho mujeres dijeron que habían sufrido actos de violencia de género equiparable a tortura u otros malos tratos en centros de detención. Una mujer dijo: "Me aplicaron descargas eléctricas. Estaba embarazada. (El interrogador) lo sabía y me dijo: 'Voy a hacer que abortes'. Y así fue". JUICIOS Los abusos no terminan en la detención. Los tribunales especiales kurdos que han juzgado los casos de más de 9.600 personas (mujeres y menores incluidos) presuntamente vinculadas a Estado Islámico durante los últimos diez años han protagonizado "juicios gravemente empañados por violaciones de los Derechos Humanos", como las mencionadas torturas o la ausencia de abogados. Solo una acusación de vinculación a Estado Islámico puede dar lugar a reclusión arbitraria durante años, según Amnistía, que documenta 18 casos en los que la persona afirmó que estaba falsamente acusada de mantener lazos con el grupo yihadista. Asimismo había mujeres declaradas culpables de delitos de terrorismo por los actos de sus esposos, incluso por "no informar" a las autoridades, sin tener debidamente en consideración la posibilidad de coacciones. Niños y niñas tenían que pasar por los mismos procedimientos penales defectuosos sin ningún contacto con sus progenitores o tutores. Ninguna de las personas detenidas en el noreste de Siria ha sido procesada por crímenes de Derecho Internacional, que incluyen los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. La mayoría están procesadas por imprecisos delitos de "terrorismo". Muchos delitos graves perpetrados por Estado Islámico, como la esclavitud sexual, han sido investigados en absoluto. Y ni siquiera una repatriación exitosa a sus países natales garantiza el final de la violencia. Amnistía Internacional documentó los casos de siete hombres iraquíes, trasladados desde el noreste de Siria hasta Irak, de los cuales seis fueron víctimas de tortura y otros malos tratos durante su interrogatorio en Irak y el séptimo "confesó" ante la amenaza de tortura. Cuatro de estos hombres, indica Amnistía, están actualmente en espera de ejecución, incluidos dos que fueron trasladados en virtud del acuerdo de repatriación de 2022. Por ello, Amnistía Internacional concluye que el gobierno autónomo y el gobierno estadounidense probablemente han violado el principio jurídico internacional de la "no devolución" en estos traslados a lugares donde la integridad del desplazado corre grave peligro.