Asunción, 16 abr (EFE).- El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia una "medida cautelar de urgencia" que suspenda los efectos de una resolución del Senado que restituyó los fueros a tres legisladores bajo investigación, al advertir que ha paralizado los casos y "desvirtuado el debido proceso".
En un escrito de nueve páginas, el titular del Ministerio Público presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema a raíz de una decisión aprobada el pasado 4 de abril por la mayoría de la Cámara Alta, que devolvió los fueros a los senadores Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
La resolución rechazó igualmente un oficio judicial contra la legisladora Celeste Amarilla.
En ese sentido, Rolón solicitó se ordene "la continuidad de los actos procesales" y se declare "inconstitucional e inaplicable" la medida legislativa.
Galeano fue imputado en mayo de 2023 por presunto lavado de dinero y asociación criminal, mientras que Rivas es acusado por la supuesta producción "de un documento público de contenido falso" y Filizzola afronta una causa por presunta lesión de confianza durante su gestión como ministro del Interior del Gobierno del expresidente Fernando Lugo (2008-2012).
La resolución del Senado, impulsada por la facción oficialista Honor Colorado, que lidera el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), se aprobó después de que esa instancia no alcanzó los votos requeridos para desaforar como senador vitalicio al exgobernante Mario Abdo Benítez (2018-2023).
Abdo Benítez es investigado por la Fiscalía por presunta revelación de secreto durante su gestión, entre otros delitos, tras una demanda promovida por Cartes, quien en julio del año pasado presentó una denuncia en la que se declara, entre otros, víctima de una "persecución" desde 2018 por parte de "personas en el ejercicio del poder político".
En su escrito, Rolón advirtió que la determinación del Senado "ha tenido el efecto inmediato de detener los procesos, con lo cual pone en ascuas el modelo de juzgamiento", que -aseguró- "debe culminar en el plazo razonable", según el esquema de garantías.
De igual forma, alertó que derogar las resoluciones adoptadas previamente por la instancia legislativa "implica desdeñar la puntillosa atención brindada en su momento por el mismo órgano constitucional" y consideró "se ha incurrido en una inobservancia institucional de gravísimas consecuencias, al habilitarse vías operativas que desconocen la seguridad jurídica".
Por otra parte, sostuvo que la resolución -que tachó de "inconstitucional e insanablemente nula"- supone a "una situación anárquica e inaudita que de permitirse crearía afrenta al orden constitucional".
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