Desde que el presidente francés, Emmanuel Macron, prometiera en 2020 luchar contra el "separatismo islámico", el Gobierno ha adoptado medidas, en ocasiones polémicas, para contener el islamismo radical, con el reto de no perder al mismo tiempo el foco sobre los ataques islamófobos, los discursos del odio por parte de la extrema derecha y la polarización de la sociedad. Pese a que es difícil de cuantificar, puesto que el Estado no recoge datos sobre la adscripción religiosa de la población, se estima que hay más de 6 millones de musulmanes en Francia y que la cifra de conversos ha ido incrementándose en los últimos años. En paralelo, han aumentado casi un 30 por ciento los actos de odio contra los musulmanes con respecto al año pasado, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Las instituciones han apostado así por incentivar un islam autóctono, controlado por el Estado, frente a otras corrientes más radicales. Durante un encuentro del Foro del Islam de Francia (FORIF) --que sustituye al Consejo Francés de Culto Musulmán (CFCM), el que fuera interlocutor con el Estado hasta febrero de 2023-- Darmanin defendió la idea de que había que luchar contra el estereotipo de que el islam "es una religión de extranjeros, para extranjeros y financiada por extranjeros". EL LAICISMO: UN CABALLO DE TROYA El laicismo, establecido por ley en 1905 y pilar en la política de Macron, a menudo es instrumentalizado por partidos de extrema derecha que difunden teorías como la del 'gran reemplazo', una conspiración que defiende que la población blanca cristiana acabará siendo sustituida, en el caso de Europa, por musulmanes. No obstante, el último informe publicado el pasado mes de marzo por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) sobre racismo, antisemitismo y xenofobia concluye que la raíz de la islamofobia en Francia responde más a un sentimiento antiinmigrante que a la defensa de los valores republicanos. La historiadora especializada en laicismos y Derechos Humanos Valentine Zuber explica en declaraciones a Europa Press que para entender la situación actual hay que comprender que esta separación entre Estado y religión instaurada a principios del siglo XX está marcada por "un anticlericalismo histórico y cultural" que hunde sus raíces en la Ilustración. "La religión se asigna legalmente al ámbito privado y no debe interferir en modo alguno en el ámbito público. A fin de tratar a todos los ciudadanos por igual, se les impuso un deber especialmente estricto a los funcionarios, a los que se les prohibió expresar sus creencias en el ejercicio de sus funciones", detalla. El punto de inflexión llegó en marzo de 2004 con la aprobación de una ley que prohíbe enseñar símbolos religiosos en escuelas públicas. La anterior exigencia se extendía, así, no solo a los funcionarios del Estado, sino también a "usuarios de los servicios públicos". Desde entonces, Francia ha vetado en espacios públicos el burka y el niqab, pañuelos islámicos que cubren todo el rostro salvo los ojos, así como el burkini. La última medida aprobada por el Gobierno, que prohibió en las escuelas la abaya --prenda usada en entornos culturales islámicos, pero desligada en muchas ocasiones de la religión-- ha despertado un amplio rechazo. "Bajo rúbricas generales, son las prácticas musulmanas las que están específicamente en el punto de mira. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad real del sistema actual y quizás apunta a la obsesión antimusulmana del laicismo francés", añade Zuber. Desde el asesinato del profesor de Historia Samuel Paty el 16 de octubre de 2020 a manos de un joven de origen checheno, las autoridades francesas han incrementado su vigilancia sobre las instituciones educativas por ser una potencial vía de entrada del islamismo radical. Francia ya vivió anteriormente otros atentados, como los de la sala Bataclán en 2015 o el ataque contra la sede del semanario satírico francés 'Charlie Hebdo', también en el mismo año. Estas medidas contra el islamismo radical se circunscriben así dentro de la llamada lucha internacional contra el terrorismo yihadista, si bien plantean dudas sobre su efectividad o sobre la estigmatización de la comunidad musulmana. IDENTIDAD E ISLAMOIZQUIERDISMO Para Alain Gresh, director de Orient XXI, digital especializado en Oriente Próximo, la islamofobia responde más a discursos del odio presentes en los medios y a una política identitaria, algo que considera que es una "victoria" de la líder del ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen. "Ella ha puesto la cuestión de la identidad en el debate político y los partidos han aceptado debatir sobre esto", resalta en declaraciones a Europa Press, agregando que la ultraderecha, representada también en el partido Reconquista liderado por Éric Zemmour, propaga la idea de que los musulmanes son incapaces de asimilarse a la sociedad francesa, blanca y republicana. Una de las consecuencias más visibles de la difusión de ideas ultraderechistas es el uso del término islamoizquierdismo, popularizado por el politólogo Pierre-André Taguieff en 2002 y que hace referencia a una suerte de pacto entre el islamismo y los partidos de la izquierda. La entonces ministra de Educación Frédérique Vidal protagonizó una polémica en febrero de 2021 al anunciar su intención de encargar una investigación dentro de las universidades, concretamente en los estudios poscoloniales, para defender la independencia y libertad académicas frente a una posible infiltración de islamoizquierdistas. También Darmanin acusó en 2020 al partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de estar vinculado al islamoizquierdismo, un término que se utiliza contra quienes apoyan al pueblo palestino, hacen una defensa del antirracismo o de la diversidad religiosa, explica Gresh. "Está claro que en Francia hay una alianza entre la extrema derecha, la derecha, incluido Macron, y una parte incluso de la izquierda, del lado socialista, que piensan que los musulmanes son una profunda amenaza a nuestro modo de vida", añade, agregando que este sentimiento se ha incrementado a raíz de la situación en la Franja de Gaza. LA CUESTIÓN DE LOS BARRIOS La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió en diciembre de 2023 a las autoridades francesas que pusiesen fin a los controles policiales con motivaciones racistas. "Francia no puede seguir discriminando a innumerables personas que son objeto de prácticas ilegales mientras afirma defender los 'principios republicanos' como piedra angular de su política", señaló en un comunicado. Las demandas de la ONG se produjeron meses después de que un agente disparara fatalmente a Nahel, un adolescente de 17 años de ascendencia argelina que vivía en el suburbio parisino de Nanterre. Su muerte provocó una oleada de protestas que puso en el foco de la discusión a los banlieues, los barrios periféricos a las afueras de las ciudades. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee) publicado en 2023 con datos de 2019 a 2020, el 10 por ciento de la población de Francia es migrante y un tercio tiene algún tipo de vínculo con la migración por ser descendiente de segunda o tercera generación. "Los magrebíes y subsaharianos que han constituido la mayoría de los migrantes de los últimos 60 años proceden directamente de antiguos territorios franceses", explica Zuber, en alusión a países como Argelia, asegurando a que estas comunidades tienen "mayores dificultades económicas". Los migrantes suelen vivir en estos barrios que históricamente ha tenido tasas de criminalidad más altas, índices de pobreza elevados, peores infraestructuras y malas comunicaciones con el resto de ciudades. Esta mala calidad de vida crea el caldo de cultivo perfecto para la radicalización.