Justicia peruana dicta 28 años de cárcel a 5 madereros por homicidio de líderes indígenas

Lima 11 abr (EFE).- La Justicia Peruana dictó este jueves 28 años y tres meses de cárcel para los cinco culpables del homicidio calificado de cuatro líderes indígenas que fueron asesinados en septiembre de 2014, un caso conocido como 'Caso Saweto', y que es considerado como el mayor crimen de la historia reciente de Perú contra defensores ambientales.

La Corte de Ucayali emitió esta sentencia en un nuevo proceso judicial realizado tras la anulación del anterior fallo judicial que condenó a los acusados, en primera instancia, a más de 28 años de prisión.

El Poder Judicial detalló en la red social X que el colegiado de la Corte de Ucayali dictó 28 años y tres meses de cárcel para los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de autores mediatos, así como para Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, como coautores.

Además, fijó 200.000 soles (unos 54.000 dólares o 50.000 euros) como reparación civil a favor de los parientes de los agraviados, e informó que la lectura integral de sentencia se dará el próximo 23 de abril.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali había acusado a 35 años de cárcel a los declarados como culpables por la muerte del jefe de la comunidad asháninka Tamaya - Saweto, Edwin Chota Valera, y de los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez.

"Según la acusación fiscal, el 1 de septiembre de 2014, las víctimas fueron emboscadas y asesinadas con arma de fuego cuando se dirigían a la comunidad de Apiutxa, en Brasil, para participar en una reunión de coordinación con sus pares indígenas", apuntó el Ministerio Público en su página web.

Esta condena fue obtenida como parte de un nuevo proceso judicial iniciado en noviembre de 2023, después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anulara la sentencia por 28 años y tres meses contra los cinco imputados obtenida —en primera instancia— por el Ministerio Público.

"La fiscal provincial Vannie Robles, a cargo del caso, informó que apelarán la resolución durante la lectura integral de la sentencia a realizarse el próximo 23 de abril, debido a que el pedido formulado por dicha magistrada es de 35 años de pena privativa de libertad", concluyó la institución.

Desde inicios de 2008, Chota denunciaba constantemente la existencia de una mafia de traficantes de madera que operaba en su comunidad ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en el departamento central de Ucayali.

En el momento del crimen, los cuatro indígenas se dirigían a la comunidad de Apiwtxa, ubicada al otro lado de la frontera, en el estado de Acre (Brasil), y también de etnia ashéninka, para reclamar ayuda a sus parientes y acordar estrategias comunes contra la tala ilegal.

Desde hace 14 años, las familias de los líderes buscan justicia y diversas organizaciones de derechos humanos han apoyado su reclamo. EFE

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