El caso por presuntas irregularidades de António Costa pasa del Supremo a la Fiscalía lusa

Lisboa, 11 abr (EFE).- El caso por presuntas irregularidades cometidas por el ex primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, ha sido transferido del Tribunal Supremo a la Fiscalía del país, informó este jueves el Ministerio Público.

Una fuente de la Fiscalía confirmó a EFE que "los expedientes que estaban en trámite" en el Tribunal Supremo de Justicia fueron enviados al Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) de la Procuradoría General, sin ofrecer detalles.

Por su parte, la fiscal general del país, Lucília Gago, precisó en declaraciones a la prensa que "es el DCIAP, bajo el entendimiento de los magistrados titulares, el competente para asumir esa investigación".

Preguntada sobre si esta transferencia del caso va a suponer un mayor retraso en este proceso, la fiscal respondió que "las investigaciones criminales llevan el tiempo necesario para que avancen con la eficacia deseable".

El 7 de noviembre, la fiscalía anunció en un comunicado una investigación contra Costa por presuntas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos, que motivó la dimisión del entonces primer ministro ese mismo día.

La indagación sobre el socialista fue abierta en el marco de una gran operación lanzada esa fecha, en la que se registraron 42 lugares y que se saldó con cinco detenidos, algunos de ellos del entorno de Costa, como su jefe de gabinete Vítor Escaria y su amigo y padrino de boda, Diogo Lacerda Machado.

A los días de su detención fueron dejados en libertad por un juez de instrucción que concluyó que no había indicios de corrupción ni de prevaricación, aunque mantuvo delitos menores como tráfico de influencias. La fiscalía recurrió después las medidas cautelares.

Hasta ahora había sido el Tribunal Supremo el que investigaba el caso de Costa de forma autónoma, al ser la instancia judicial que tenía competencias por tratarse de una figura del Estado.

El resto de la indagación está divida en tres dosieres asumidos por el DCIAP.

Desde la renuncia del primer ministro, la Fiscalía y Gago han sido objeto de críticas por no haber dado más explicaciones sobre la presunta implicación de Costa en esas irregularidades y no haber hecho públicas pruebas contra él.

La semana pasada, tras ceder el testigo al nuevo Gobierno, Costa dijo a la prensa que, tras haber dejado el cargo, había solicitado a su abogado que mandara una petición para ser escuchado ante la Justicia.