Bogotá, 22 mar (EFE).- La nueva fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, que asumirá este viernes, tendrá en su carpeta de asuntos pendientes varios casos que han sacudido al país por los escándalos ocasionados y que incluso salpican al presidente Gustavo Petro.
De la multitud de procesos que lleva la Fiscalía, cinco concentran la atención:
1.- El primogénito del presidente Petro.
La Fiscalía tiene en sus manos el proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del jefe de Estado, acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Petro Burgos confesó el año pasado que a la campaña presidencial de su padre ingresaron dineros provenientes de un exnarcotraficante y un polémico empresario, de los cuales una buena parte fue utilizada por él mismo para asuntos personales.
El hijo del presidente afirmó hace unas semanas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que fue presionado por la Fiscalía para que declarara en contra de su padre.
Petro Burgos está en detención domiciliaria en su residencia de Barranquilla porque se le acusa de recibir dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca, para la campaña presidencial de su padre en 2022.
Entre las pruebas del ente investigador contra Petro Burgos está el testimonio de su exesposa Daysuris Vásquez, quien llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para declarar sobre el ingreso de los dineros a la campaña presidencial.
2.- El caso del expresidente Álvaro Uribe.
Otro asunto que debe resolver la Fiscalía es el del expresidente Álvaro Uribe y decidir si cierra el proceso o llama a juicio al fundador del Centro Democrático.
En 2012, Uribe denunció al senador de izquierdas Iván Cepeda por un supuesto complot con falsos testigos reclutados en cárceles para vincularlo con paramilitares. Sin embargo, en 2018, la investigación fue archivada lo que dio origen a una nueva indagación, esta vez contra Uribe, por la supuesta manipulación de testigos para incriminar a Cepeda.
El proceso contra Uribe ha pasado por las manos de tres fiscales que han pedido la preclusión del caso en tres ocasiones, pero su solicitud no ha prosperado.
3.- Odebrecht: Óscar Iván Zuluaga
El caso del excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga Martínez también está en manos de la Fiscalía.
El ente acusador señala supuestos delitos cometidos por Zuluaga y su hijo David, que fue gerente de la campaña presidencial de su padre en 2014. Se determinó que la Fiscalía llevaría a juicio a Zuluaga por haber ocultado 1,6 millones de dólares que habrían ingresado a su campaña por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Zuluaga pudo incurrir en los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular, pues presuntamente recibió dineros de la empresa brasileña. Su hijo David, entre tanto, está vinculado por presunto fraude procesal.
Según la Fiscalía, por este escándalo de corrupción han sido imputadas 110 personas, entre ellos exfuncionarios de renombre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en 2016 que Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África, pero la Fiscalía colombiana calculó en 84.000 millones de pesos (unos 21,4 millones de dólares de hoy) el monto de los sobornos de la constructora en el país.
4.- Asesinatos de líderes sociales.
Un informe de la Defensoría del Pueblo divulgado en enero de este año aseguró que durante el 2023 fueron asesinados 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Del total, 160 eran hombres y 21 mujeres.
La mayoría de esos casos siguen en la impunidad y en los que se han logrado avances las condenas generalmente han sido para autores materiales, pero no para los mandantes.
5.- 156 homicidios de personas LGTBIQ+ en Colombia.
La ONG Caribe Afirmativo denunció que en 2023 fueron asesinadas en Colombia 156 personas LGBTIQ+, lo que supone que cada 2,3 días fue asesinada una persona con una orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversas.
Las cifras en estos dos ítems demandan una respuesta porque el esclarecimiento de esos homicidios está lejos de concluir con condenas. La impunidad es alta. EFE
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