El gobierno nipón empezará a revisar antecedentes de quienes soliciten trabajar con niños

Tokio, 19 mar (EFE).- El gobierno de Japón aprobó este martes un proyecto de ley con el que empezará a exigir a centros que trabajen con niños que verifiquen los antecedentes penales de los solicitantes de empleo durante los anteriores 20 años, para impedir contrataciones de personas condenadas por delitos sexuales.

El Ejecutivo planea que el sistema, que padres y organizaciones de apoyo a los niños venían pidiendo repetidamente, comience a funcionar para 2026, según avanzó la agencia de noticias nacional Kyodo, citando a funcionarios del gobierno.

Con la medida, escuelas, jardines de infancia y otras entidades que trabajen con niños deberán remitir a los candidatos a puestos de trabajo a verificaciones de antecedentes penales que llevará a cabo la Agencia para la Infancia y la Familia.

El primer paso del procedimiento si la Agencia confirma una condena por delito sexual del solicitante en los anteriores 20 años es ofrecerle rechazar su propia petición de empleo.

En caso de que el candidato no quiera rechazarla, la Agencia informará al empleador sobre el historial penal del aspirante.

Los empleadores también podrán investigar a trabajadores sobre los que pesen acusaciones, así como quejas de niños o sus familias.

Además de delitos penales, el control de antecedentes contemplado por el plan incluirá registros de violaciones de ordenanzas locales como tocamientos y voyerismo.

Centros de actividades extraescolares, clubes deportivos y otras entidades privadas a las que acudan niños también podrán sumarse de forma voluntaria al programa.

Asimismo, el proyecto de ley exige que si los empleadores detectan que quienes ya trabajan en sus centros cometieron delitos sexuales, tomen medidas preventivas como apartarlos del contacto con los niños para evitar que no se queden a solas con ellos, o despedirlos directamente si no pueden garantizar la seguridad de los pequeños.

"El proyecto de ley es importante desde la perspectiva de crear conciencia sobre la protección de los niños contra la violencia sexual a nivel social", dijo la ministra responsable de la Agencia para la Infancia y la Familia, Ayuko Kato, en declaraciones recogidas por Kyodo.

La legislación japonesa fija que los antecedentes penales deben eliminarse diez años después de que el culpable haya cumplido su pena de prisión, pero las altas tasas de reincidencia entre delincuentes sexuales motivan que sus registros permanezcan el doble de tiempo.

Sin embargo, si la pena por delito sexual comporta multa pero no prisión, el registro sí se elimina tras diez años. EFE

mca/ahg/ig