La Comisión Europea ha expedientado este miércoles a España por no haber trasladado a su legislación nacional las normas europeas relativas a las garantías procesales de los menores en procesos penales. Junto a España, Bruselas ha abierto también un procedimiento de infracción a Chipre, Italia, Luxemburgo y Polonia por el mismo motivo mediante el envío de cartas de emplazamiento. En el caso concreto de España, así como en el de Italia y Luxemburgo, Bruselas ha detectado problemas de exhaustividad, por ejemplo, en relación con el derecho a la información del menor y el derecho a un reconocimiento médico. Esta directiva forma parte de la estrategia global de la UE para establecer unas normas mínimas comunes con el fin de garantizar el derecho a un juicio justo y los derechos de los sospechosos y acusados en los procesos penales comunitarios. La normativa establece también unas reglas comunes en materia de protección de las garantías procesales para los menores, como el derecho a una evaluación individual, a un trato específico durante la privación de libertad --incluida la separación respecto de los detenidos adultos y el acceso a la formación y la educación-- y a estar acompañados por el titular de la patria potestad durante el proceso. Al detectar problemas en la transposición de la norma a la legislación nacional de estos países, la Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a España, Italia, Luxemburgo y Polonia, y un dictamen motivado adicional a Chipre. Estos Estados miembro disponen ahora de dos meses para subsanar las deficiencias constatadas por la Comisión, que en ausencia de una respuesta satisfactoria, puede decidir darles un ultimátum, como ha sido el caso de Chipre, y elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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