Nicaragua regula espectáculos artísticos a fin de garantizar la seguridad y orden interno

San José, 12 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, aprobó este martes una normativa que le permitirá regular los eventos y espectáculos artísticos públicos, a fin de garantizar la seguridad ciudadana, la del Estado y el orden interno en el territorio nacional.

La "Normativa para la Regulación de Productores, Promotores y Organizadores de Actividades, Eventos o Espectáculos Artísticos Públicos" fue aprobada por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, en Managua.

Esa cartera explicó que es facultad del Ministerio del Interior implementar, mantener y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y humana, así como el orden interno en el territorio nacional,

"La Normativa para la Regulación de Productores, Promotores y Organizadores de Actividades, Eventos o Espectáculos Artísticos Públicos, es el marco regulatorio aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que se dediquen a la realización de actividades, eventos o espectáculos artísticos públicos en territorio nacional", indicó.

Por tanto, agregó, esa cartera aprobó esa normativa "a fin de garantizar la seguridad ciudadana, del Estado y el orden interno en el territorio nacional" y la misma entró en vigencia a partir de hoy.

Por su lado, la Policía Nacional mantiene prohibidas las manifestaciones en las calles desde septiembre de 2018 con el argumento de evitar disturbios, incluyendo las que se realizan en ocasión del Día Internacional de la Mujer o para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, también ha prohibido a la Iglesia católica sacar a los santos a las calles desde hace más de un año, cuando no les autorizó celebrar las procesiones de viacrucis durante la Cuaresma de 2023 ni después en Semana Santa.

La orden policial fue adoptada después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, tildara de "mafia" a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.