Un juez del Supremo prohíbe a Bolsonaro participar en eventos militares

São Paulo, 8 mar (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil prohibió al expresidente Jair Bolsonaro participar en eventos militares, dentro de la investigación por golpismo contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, informó este viernes el diario Folha de São Paulo.

La decisión fue tomada el jueves por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso que investiga la trama que buscó anular las elecciones presidenciales de 2022, que ganó Lula por un estrecho margen, decretar el estado de sitio y mantener en el poder a Bolsonaro.

El fallo prohíbe al líder ultraderechista, así como a otros investigados, entre ellos militares de alto rango, participar en "ceremonias, fiestas u homenajes realizados en el Ministerio de Defensa, la Marina, la Aeronáutica, el Ejército" o en dependencias de las "Policías Militares".

Esa medida cautelar se suma a otras ya impuestas al ex jefe de Estado (2019-2022), que tuvo su pasaporte retenido, además de ser prohibido de abandonar el país y de ponerse en contacto con otros sospechosos.

De Moraes extendió el veto a actos castrenses a los exministros y generales Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira y Augusto Heleno, también investigados.

De acuerdo con Folha de São Paulo, el juez estableció una multa diaria de 20.000 reales (unos 4.000 dólares) en caso de incumplimiento.

La Policía Federal sospecha que Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, discutió con aliados políticos y militares la aplicación de un decreto para impedir la investidura de Lula, que finalmente se produjo el 1 de enero de 2023, y mantenerse en el poder.

Ese plan golpista, de acuerdo con la investigación, llegó a sopesar incluso la detención del propio juez De Moraes y de otros miembros del alto tribunal, y hasta del presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco.

La intentona tuvo un último capítulo una semana después de la investidura de Lula, el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo, en Brasilia, para forzar una intervención militar que derrocase al dirigente progresista.

Bolsonaro, que apenas consta como investigado, declaró por última vez en este caso el pasado 22 de febrero y se acogió a su derecho a permanecer en silencio. En sus últimas entrevistas, ha negado cualquier acusación de golpismo y se ha declarado un "perseguido" por las autoridades.