Nicaragüenses en el exilio piden juzgar la "estructura represiva" del Gobierno de Ortega

San José, 6 mar (EFE).- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, identificó una estructura represiva en el Gobierno que preside Daniel Ortega, que opera principalmente desde 2018, y la cual debe ser llevada ante la justicia internacional, destacó este miércoles la sociedad civil nicaragüense en el exilio.

Para las organizaciones nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, el segundo informe del GHREN, presentado la semana anterior ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, resalta "la estructura represiva y cadena de mando de la dictadura de Nicaragua encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos que incluyen delitos de lesa humanidad".

Según el informe, la estructura de represión está encabezada por el presidente Ortega, quien se encuentra en el poder desde el 2007, y su esposa, la vicepresidenta Murillo.

Ortega y Murillo delegan en el asesor de seguridad e inteligencia de la Presidencia nicaragüense, Néstor Moncada Lau; en el ministro asesor del Presidente de la República para Asuntos de Seguridad, el comisionado general en retiro de la Policía Nacional Horacio Rocha, y en el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, las acciones "para reprimir cualquier tipo de posición a su régimen, tanto a quienes están dentro o fuera del país".

El informe señala también a la fiscal general de la República, a la exguerrillera sandinista y exsubdirectora de la Policía Nacional Ana Julia Guido, y a la ministra y al viceministro del Interior, María Amelia Coronel y Luis Cañas Novoa, respectivamente.

Además al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) Gustavo Porras; a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y al director de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, entre otros, de ser los principales operadores de la represión contra los nicaragüenses.

"Este segundo informe que amplía el presentado en marzo de 2023, determina que Ortega y Murillo, y funcionarios de siete instituciones del Estado, incluyendo a la Policía, han cometido actos de crímenes de lesa humanidad", según una declaración de la sociedad civil nicaragüense en el exilio

Según el grupo de expertos, el objetivo de Ortega es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía y para eso persigue a opositores o personas percibidas como tales, y perpetra violaciones, abusos y crímenes.

Los expertos constataron, según el informe, una "perpetuación de la persecución cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en el país, con una centralización total de los poderes del Estado en manos del presidente y de la vicepresidenta, particularmente en lo que se refiere al poder judicial", alertaron los organismos, entre ellos el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Para los organismos, el control absoluto de todos los poderes del Estado por parte de Ortega, "se ha traducido en una total impunidad, que incluso se ha extendido de facto más allá del territorio de Nicaragua”.

La crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 en Nicaragua dejó al menos 355 personas fallecidas luego que grupos de choque, paraestatales y policías, muchos de ellos con armas de uso exclusivo del Ejército, dispararon contra civiles que participaron en marchas y protestas por todo el país, según las organizaciones en el exilio, que reportan, además, 4.000 personas heridas de bala.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.