El Gobierno de Noboa presenta en Toronto sus reformas para atraer inversión extranjera

Toronto (Canadá), 4 mar (EFE).- El Gobierno ecuatoriano, con el presidente Daniel Noboa al frente, presentó este lunes en la feria de la minería PDAC en Toronto las reformas y acciones que está adoptando para atraer más inversiones extranjeras al sector, como la creación de un mecanismo de resolución de disputas entre inversores y el Ejecutivo.

Noboa, que asumió el poder a mediados de noviembre de 2023 y que es el primer presidente ecuatoriano que participa en PDAC, la mayor feria de la minería del mundo, viajó a Canadá acompañado de sus ministras de Asuntos Exteriores, Gabriela Sommerfeld; Energía y Minas, Andrea Arrobo; y Producción, Comercio Internacional, Inversiones y Pesca, Sonsoles García.

Ante directivos de empresas mineras e inversores, Noboa, que repasó la situación en que se encontró Ecuador al llegar al poder y los avances realizados en los pasados 100 días, aseguró que su Gobierno considera el sector minero una prioridad económica.

"La minería es un motor de desarrollo nacional y es por eso por lo que estamos aquí, agradeciendo su apoyo e interés en Ecuador", afirmó el presidente.

Noboa añadió que desde que se hizo cargo del Ejecutivo ha remplazado a "los responsables de las Fuerzas Armadas así como cinco de los ocho generales de Policía" porque estos dirigentes "necesitaban estar completamente alineados y proteger, no solo a los ecuatorianos, sino también las inversiones".

"Para nosotros, eso era esencial", añadió.

En este sentido, la ministra de Producción destacó que el Gobierno ecuatoriano está intentando reformar la Constitución para permitir la aprobación de un mecanismo de protección de inversiones, un "arbitraje internacional entre los inversores privados y el Gobierno".

García afirmó que Ecuador es en estos momentos un buen lugar para la inversión extranjera.

"Tenemos estabilidad política, que es bueno para la previsibilidad en inversiones. Tenemos también estabilidad económica. Tenemos una economía dolarizada y una política de inversión comercial de apertura al mundo. Tenemos recursos naturales como agua, minerales y agricultura. Y tenemos incentivos fiscales", afirmó.

Por su parte, la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, anunció que el Gobierno ecuatoriano va a acelerar la retirada de concesiones "no utilizadas, no pagadas o ocupadas por actividades ilegales".

"Además, el Gobierno de Ecuador está trabajando en la reapertura del catastro minero. Se que han escuchado mucho sobre esto con anterioridad. Pero el Gobierno de Ecuador está trabajando en esto", añadió.

Finalmente, la ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, afirmó que las acciones del Gobierno de Noboa para "restaurar el orden en las calles, la disciplina fiscal y un mayor dinamismo hacia una economía abierta están generando oportunidades tangibles, en la minería pero también en la infraestructura, el petróleo y gas así como el turismo y el medioambiente".

Quito, 4 mar (EFE).- Un grupo de organizaciones ambientalistas y colectivos sociales de Ecuador presentaron este lunes una carta al embajador de Canadá, Stephen Potter, con sus preocupaciones al llamamiento a la inversión minera que hizo el presidente del país, Daniel Noboa, en Toronto, en la convención minera Prospectores y Desarrollares de Canadá (PDAC), una de las citas más importantes del sector a nivel global.

La misiva está suscrita por más de 80 organizaciones y colectivos, entre los que destacan Acción Ecológica, Quito Sin Minería, el Pueblo Shuar Arutam (Psha), Amazon Watch, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

De acuerdo al texto al que tuvo acceso EFE, estas organizaciones manifiestan al embajador canadiense su preocupación por un incremento de la presencia de mineras de Canadá en territorio ecuatoriano, en especial ante el anuncio del inmine

nte inicio de negociaciones entre los gobiernos de ambos países para concretar un acuerdo de libre comercio.

Este grupo de colectivos afirmó en su epístola que "las experiencias de comunidades campesinas e indígenas y pueblos ancestrales en cuyos territorios operan empresas canadienses resultan escandalosas por la violación de los derechos humanos, ambientales y colectivos".

Actualmente sólo hay una mina a gran escala en fase de explotación a cargo de una empresa canadiense, como es el caso de Lundin Gold con Fruta del Norte, el mayor yacimiento de oro de Ecuador, que se opera de forma subterránea en la sureña provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

Sin embargo, son varios los proyectos mineros concedidos a empresas de capitales canadienses en fase de exploración o en trámites para iniciar la construcción de sus operaciones, entre ellos Curipamba-El Domo en la provincia andina de Bolívar, que está a cargo de la compañía Curimining.

También están en trámites el proyecto Loma Larga por parte de la empresa Dundee Precious Metals (DPM) en la sureña provincia andina de Azuay; y Warintza por parte de Solaris Resources en la amazónica provincia de Morona Santiago, entre otros.

Las organizaciones firmantes de la carta aseveraron que han podido constatar "irregularidades administrativas, amenazadas graves a las fuentes de agua, desconocimiento de consultas populares, violación del derecho a la consulta previa libre e informada y violación del derecho de acceso a la información".

También mencionan en la misiva como presuntas irregularidades la falta de licencias ambientales, los contratos laborales temporales y estrategias de división comunitaria y enfrentamiento interno como "la creación de asociaciones y juntas del campesinado con personas de fuera de las comunidades, a las que pagan para aparentar un apoyo comunitario y amedrentar se oponen a los proyectos mineros".

"A todo esto se suman amenazas de muerte como la ocurrida en 2020 contra la entonces presidente del Pueblo Shuar Arutam (Psha), Josefine Tunki, y múltiples casos de judicialización y criminalización contra personas defensores de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza", señalaron los colectivos.

Asimismo, recordaron los enfrentamientos acontecidos entre la Policía ecuatoriana y manifestantes antimineros durante la celebración de las consultas ambientales por el proyecto Curipamba-El Domo, que llevó al alto comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, a recordar que "las personas directamente afectadas por proyectos mineros o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas".

Reunidos frente a la Embajada de Canadá en Quito, la coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrobo, aseguró que las entidades firmantes rechazan que Noboa pretenda vender a Ecuador en Canadá, algo que a su criterio "se está haciendo a la espalda de la gente y de las comunidades".

Por su parte, Cecilia Chérrez, del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, consideró que el plan de Noboa es "colocar a los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador en condición de sacrificables ante la expansión de la minería, por la propuesta de poner a Ecuador en el mundo como destino minero".

Mientras, el presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua de Tarqui, Lizardo Shawi, manifestó su temor a que el proyecto Loma Larga pueda afectar a las lagunas de Quimsacocha y dejar sin agua a comunidades indígenas enteras.

"Desde el Gobierno de (Rafael) Correa hemos sido atacados y perseguidos hasta ahora. A Quito venimos a decirle a Noboa que tampoco vamos a aceptar", concluyó.