Nicaragua descalifica informe de la ONU que acusa a Ortega de destruir toda voz crítica

San José, 29 feb (EFE).- Nicaragua descalificó este jueves las últimas investigaciones de la ONU sobre derechos humanos en su país, en la que concluyó que la intensa represión ejercida por el Gobierno que preside Daniel Ortega prácticamente ha conseguido eliminar todas las voces opositoras o críticas dentro de esa nación.

La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, dijo a través de un video enviado al Consejo de Derechos Humanos desde Managua que el Gobierno de Ortega "reitera de forma fehaciente su posición respecto a estos grupos que se hacen llamar expertos en derechos humanos, por cuanto toman los insumos para sus reportes de criterios manipulados por un grupo de personas que son financiadas precisamente para tergiversar la realidad de nuestro país".

"Estos grupos tienen una agenda definida y enmarcada en directrices que imponen potencias imperiales, cuya única finalidad es desnaturalizar los avances que en materia de derechos humanos ha logrado el pueblo nicaragüense y que bajo ninguna circunstancia ni en ningún momento han sido tomados en cuenta por este llamado grupo de expertos", alegó.

A juicio de la funcionaria nicaragüense, en los reportes que preparan esos grupos existe la misma tónica, el mismo contenido y hasta la misma redacción de quienes adversan al Gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.

"Por cuanto, para el Estado nicaragüense cualquier actualización, reporte o declaración carece de un mínimo ápice de credibilidad", señaló.

Por tanto, agregó Morales, Nicaragua no acepta ni aceptará "a estos autoproclamados expertos en derechos humanos para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo nicaragüense".

Según el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la ONU, el objetivo de Ortega es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía.

"La persecución de personas opositoras o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización o iniciativa de movilización social", señala en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos este jueves en Ginebra.

"El presidente Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional", indicó el presidente del grupo, Jan Simon.

El crimen consiste en perseguir a su propio pueblo, teniendo como blancos principales a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, agregó.

Según el informe, la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua por los efectos que sufren los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad y de documentos oficiales, a quienes se niega apoyo consular y se impide la reunificación familiar.

Los familiares de las víctimas del retiro de la nacionalidad y del exilio forzoso son también perseguidas dentro del país, incluidos los niños, indicó la experta Ángela Buitrago, miembro del Grupo de Expertos.

Por otra parte, el informe denuncia que se ha consolidado el control total de los poderes e instituciones en manos de Ortega y su esposa, en particular del poder judicial.

Como alternativas, el Grupo pide a los países que amplíen las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, como "una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.