Bangkok, 28 feb (EFE).- Las autoridades de Singapur ejecutaron este miércoles a un preso de origen bangladesí condenado por el asesinato de su expareja, en la que supone la primera ejecución realizada en 2024, según confirmó la Policía singapurense.
"La pena capital se utiliza sólo para los delitos más graves que causan severos daños a la víctima o a la sociedad", confirmó en un comunicado la Policía de la ciudad-Estado asiática, argumentando que la pena de muerte es parte del sistema judicial de Singapur.
El reo, de origen bangladesí y 35 años e identificado como Ahmed Salim, fue condenado a la pena capital en 2020 por el asesinato de su expareja, una trabajadora doméstica procedente de Indonesia.
Durante el proceso judicial, los psiquiatras del Estado indicaron que Ahmed sufría en el momento del asesinato trastornos de adaptación, generando cambios bruscos de comportamiento o reacciones intensas ante eventos de estrés, informa la oenegé local Transformative Justice Collective, que pide abolir la pena capital en la isla.
Si bien la fiscalía y la defensa se mostraron de acuerdo sobre este diagnóstico, el tribunal consideró que no había suficientes pruebas para determinar que el trastorno reducía la responsabilidad del Salim, lo que habría evitado la condena a muerte, apunta la oenegé.
Se trata de la primera ejecución este año que realiza Singapur -que emplea la horca como método- y la primera por un caso de asesinato desde 2019, remarca Transformative Justice Collective.
En los últimos años la próspera nación ha ejecutado a más de una decena de presos condenados por delitos relacionados con las drogas.
La isla tiene unas de las leyes anti narcóticos más draconianas del mundo, contemplando la pena de muerte en los casos de narcotráfico de más de 500 gramos de tráfico de marihuana y de 15 gramos de heroína.
Tras un parón de las ejecuciones durante dos años por la pandemia de covid-19, Singapur batió récords en 2022 ahorcando en pocos meses a once presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual.
Varios grupos y abogados en favor de los derechos humanos y Naciones Unidas instan a la ciudad-Estado a abolir la pena de muerte de su Código penal.
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