La condena de más de 26 años al obispo nicaragüense Rolando Álvarez cumple un año

San José, 10 feb (EFE).- El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, y ahora excarcelado y desterrado en el Vaticano, cumplió este sábado un año de haber sido condenado a 26 años y 4 de meses de prisión y despojado de su nacionalidad, tras ser declarado culpable por delitos considerados traición a la patria.

El obispo Álvarez, que fue excarcelado y enviado al Vaticano donde está desde el pasado 14 de enero, fue condenado el 10 de febrero de 2023, un día después de que se negara a subir en un avión privado junto a 222 presos políticos nicaragüenses que fueron liberados y desterrados a Estados Unidos.

Tras negarse a subir el avión, Ortega anunció horas más tarde que Álvarez había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto de 2022, a la cárcel La Modelo, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Managua.

Al día siguiente, el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó la sentencia en contra del Álvarez, de 57 años, quien se convirtió en el primer obispo arrestado, acusado, condenado y declarado apátrida desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.

"Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria", según la sentencia dictada por la jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, aunque fue leída por el magistrado Rothschuh.

La judicial declaró culpable al jerarca por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada, desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

Además, el obispo fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como para cargos de elección popular. También se le sancionó con "la pérdida de la nacionalidad nicaragüense".

"Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense", según el fallo.

El obispo nicaragüense, que tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el fallido proceso de diálogo tras las masivas protestas ocurridas en abril 2018, permanecería en prisión hasta el 13 de abril de 2049, según la sentencia.

El prelado tenía previsto enfrentar el juicio el 15 de febrero de 2023, que fue adelantado después que se negara a subir a un avión con otros 222 prisioneros, lo que le valió la calificación por Ortega de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".

Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sustraído del Palacio Episcopal provincial la madrugada del 19 de agosto de 2022 por la Policía junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

Después fue enviado a su casa a "prisión domiciliar" tras ser acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

Mientras estuvo en prisión, fue exhibido en tres ocasiones por las autoridades, la última el 2 de enero pasado cuando EE.UU. exigiera a Ortega su liberación inmediata, un día después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, expresara su "preocupación" por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua.

La última vez que se le vio fue en el Vaticano, en unas fotografías que circularon en redes sociales, ofreciendo una misa.