San José, 7 feb (EFE).- El expresidente de Panamá (2009-2014) y aspirante a la reelección Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales, se convirtió este miércoles en el tercer ex jefe de Estado en solicitar asilo en la Nicaragua gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007.
Martinelli, de 71 años y que se dice un perseguido político, se une así a los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos considerados prófugos de la Justicia salvadoreña y a quienes, tras concedérseles el asilo, les fue otorgada la nacionalidad nicaragüense.
Martinelli solicitó el asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá y le fue concedido de forma expedida por el Gobierno de Ortega, en tanto Funes y Sánchez Cerén lo hicieron en territorio nicaragüense.
Funes solicitó asilo político al Gobierno sandinista el 1 de septiembre de 2016 y, un día después, este le brindó una respuesta positiva.
El asilo político también fue extendido a la compañera de Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y a sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de acuerdo con la información oficial nicaragüense.
Tres años después, el Gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente Funes, quien es acusado en su país por supuesta malversación de más de 351 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, Funes formó en la Presidencia una red con la que desvió fondos a 8 cuentas bancarias particulares y de las que se sacaron más de 292 millones en efectivo.
También es procesado por el supuesto pago de sobornos al exfiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una presa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos.
El 30 de julio de 2021, Nicaragua otorgó también la nacionalidad nicaragüense al expresidente Salvador Sánchez Cerén, el segundo exjede de Estado salvadoreño requerido por delitos de corrupción acogido por Ortega, y con lo que no podrá ser extraditado para responder por el caso de corrupción en su país.
Sánchez Cerén recibió la nacionalidad nicaragüense junto a su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta, y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez, también relacionado a un caso de corrupción.
Tanto Sánchez Cerén como Funes gobernaron El Salvador en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), partido aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua también otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos excolaboradores del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de narcotráfico en Estados Unidos y extraditado a ese país.
Se trata de los ciudadanos hondureños Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la Administración de Hernández, quien fue extraditado a EE.UU., donde enfrenta un juicio por narcotráfico.
La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 43 que "los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional".
Sobre Martinelli, el Gobierno de Nicaragua solicitó al de Panamá brindar las seguridades para la "pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua".
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