La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este miércoles que el Gobierno creará un laboratorio de evaluación de políticas públicas dirigidas a acompañar a personas vulnerables para sacarlas de su situación de exclusión. Lo harán junto con el centro de investigación Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL), cofundado por el economista Abhijit Binayak Banerjee, galardonado con el Premio Nobel en Ciencias Económicas de 2019 por sus estudios experimentales para reducir la pobreza mundial. "Hoy les anuncio que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consolidará esta colaboración creando un laboratorio de evaluación de políticas públicas junto con J-PAL y con el profesor Banerjee", ha avanzado la ministra Elma Saiz, este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados. Esto demuestra, según ha precisado Saiz, el compromiso del Gobierno de España "para establecer lazos con la comunidad científica al más alto nivel internacional". Así, ha precisado que, cuando acabe el proceso de evaluación, en marzo de este mismo año, habrán obtenido evidencias respecto a las actuaciones que pueden tener mayor o menor impacto en el acompañamiento de las personas vulnerables. "Porque hay un aspecto fundamental. Aun siendo imprescindible, la garantía de ingresos no es suficiente para sacar a nadie de la exclusión. Se necesitan políticas de acompañamiento, como las que hemos desarrollado en estos proyectos", ha subrayado. Según ha informado el Ministerio, el profesor Banerjee, a través de J-PAL, ha estado involucrado desde el inicio en el seguimiento de los itinerarios de inclusión ejecutados por comunidades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector, especialmente, de aquellos enfocados en reducir la brecha de cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y entender las causas por las que personas en situación de poder recibir la prestación no la han solicitado. En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un total de 34 proyectos piloto de inclusión, con un presupuesto superior a los 200 millones de euros, en los que han participado más de 80.000 personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o en situación de vulnerabilidad. La ejecución finalizó en noviembre y ahora se encuentran en fase de evaluación, que concluirá este trimestre con la presentación, a finales de marzo, a la Comisión Europea de, al menos, 18 buenas prácticas. 750.000 BENEFICIARIOS DEL IMV DESDE 2020 Elma Saiz ha destacado que, desde que se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, hace tres años y medio, la prestación ha llegado a más de 750.000 familias en las que viven 2,3 millones de personas, de las cuales, casi la mitad, son menores. "Esta población es equivalente al 45% de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema en nuestro país", ha subrayado la ministra. Además, ha puesto de relieve que, desde su instauración en 2020, "los umbrales de renta han aumentado un 31%". De esta forma, según ha precisado, una persona adulta que viva sola tiene garantizados unos ingresos mínimos de 785 euros al mes y una familia de dos adultos y dos menores, de 1.248 euros, "un 43% más de ingresos garantizados que la renta mínima autonómica que menos aportaba en 2019". Asimismo, Saiz ha señalado que el Complemento de Ayuda a la Infancia aprobado en 2022 ya ha beneficiado a más de 450.000 familias de rentas bajas con menores a cargo que reciben mensualmente, por cada hijo, "cuantías que oscilan entre los 115 a 57 euros, dependiendo de sus edades". Este complemento, según ha puntualizado, ha aumentado "de manera muy importante" las cuantías de la antigua prestación familiar por hijo a cargo, "que hasta 2018 era de 24 euros mensuales, en 2019 pasó a 49 euros para menores en situación de pobreza grave y a 28,5 euros mensuales para niños en pobreza alta". La ministra también ha anunciado que seguirán implementando mejoras en la gestión del Ingreso Mínimo Vital que faciliten la solicitud y tramitación, como por ejemplo, "eliminar la extinción de la unidad de convivencia cuando fallece el titular, que ahora mismo supone, en la práctica, que se tenga que volver a solicitar esta prestación" o eliminar la extinción automática que sucede con el empadronamiento de una nueva persona en el hogar beneficiario de IMV.