Ortega usa destierro y apatridia para vaciar y llenar las cárceles de Nicaragua, según una ONG

San José, 29 ene (EFE).- El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua usa el destierro y la apatridia contra opositores y críticos como una estrategia para vaciar y llenar nuevamente las cárceles de disidentes, denunció este lunes la oenegé Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En un informe, Raza e Igualdad sostuvo que el 2023 se caracterizó por nuevas estrategias "represivas" del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para intimidar a la población y evitar la denuncia internacional de los "crímenes de lesa humanidad" que se están cometiendo en el país centroamericano desde 2018, cuando estalló una crisis social y política.

"Esta estrategia consistió en desterrar y despojar de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos a toda persona que sea percibida como una voz disidente, dejando a muchas en situación de apatridia", argumentó.

Esa ONG recordó que, como parte de esa estrategia, el Gobierno de Ortega excarceló y desterró a 222 personas que se encontraban privadas de libertad por motivos políticos en febrero de 2023.

"Sin embargo en el transcurso del año volvió a llenar las cárceles hasta ascender a 119 personas presas políticas", puntualizó Raza e Igualdad.

En el informe, esa ONG también destacó que el Estado de Nicaragua hizo efectivo su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 19 de noviembre de 2023.

Con su salida de la OEA, el Ejecutivo sandinista deja en evidencia su voluntad de aislarse de Occidente, mientras consolida su cercanía a otros regímenes autocráticos para mantener el estado policial e impunidad que impera en el país centroamericano, valoró Raza e Igualdad.

Pese a su salida, según esa ONG, "el régimen de Ortega y Murillo no podrán eludir la justicia, pues debe cumplir con los acuerdos firmados voluntariamente durante su permanencia en la OEA y otros tratados internacionales de los que el Estado es signatario".

Asimismo, Nicaragua continúa obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y debe cumplirla, añadió.

Por otro lado, Raza e Igualdad anotó que la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif, realizó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en la que resaltó que en el país centroamericano "la impunidad es la norma", dada la falta de acción del gobierno nicaragüense para prevenir las violaciones a derechos humanos y los ataques sistemáticos contra líderes indígenas y políticos, miembros de la Iglesia católica, personas defensoras y periodistas.

También mencionó que el 18 de diciembre pasado, el Gobierno de Ortega y Murillo expulsó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de Nicaragua.

"Esta decisión del régimen estuvo antecedida por la cancelación arbitraria de la sociedad nacional de la Cruz Roja y el robo de todos sus bienes bajo el infundado señalamiento de que participó en el intento de 'Golpe de Estado'” en 2018, indicó.

Ese año, el Ejecutivo permitió que el CICR entrara a Nicaragua en una misión estrictamente “humanitaria”, incluso le permitió que visitara y verificara el estado de salud, integridad física y emocional de las personas detenidas por motivos políticos, recordó.

"Por ello, esta expulsión deja a las familias de las personas que permanecen en prisión por motivos políticos (119) sin la posibilidad de que un órgano independiente monitoree con una finalidad humanitaria la situación de sus seres queridos", advirtió.

Raza e Igualdad también se refirió a la ola de arresto contra sacerdotes en las últimas tres semanas de diciembre pasado, las que calificó de "una redada sin precedentes en la que se detuvo arbitrariamente a al menos 18 miembros de la Iglesia católica", incluido un segundo obispo, quienes posteriormente fueron excarcelados y expulsados de Nicaragua con destino al Vaticano.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.