El Supremo venezolano levanta inhabilitación política a un periodista y un exdiputado

Caracas, 26 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela habilitó este viernes al periodista Leocenis García y al exdiputado Richard Mardo, ambos contrarios al Gobierno, para el ejercicio de funciones públicas, mediante sentencias en las que les fueron levantados estos vetos que habían sido establecidos por la Contraloría General de la República (CGR).

En las decisiones, emanadas por la Sala Político-Administrativa, el Supremo señaló que tanto García como Mardo están "habilitados para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar".

Las decisiones se producen luego de que el TSJ anunciara a través de X que, en el transcurso del día y en el marco de los acuerdos firmados por el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Barbados, publicaría "las decisiones tomadas en todos los casos de inhabilitación" que solicitaron ser revisados.

Entre los acuerdos para "garantías electorales" pactados en Barbados el pasado mes de octubre, las partes acordaron un mecanismo para la eventual resolución de las inhabilitaciones políticas que impiden a varios antichavistas competir en elecciones, como es el caso de la candidata presidencial de la mayoría opositora, María Corina Machado.

Leocenis García acudió el pasado 7 de diciembre ante el TSJ a pedir la revisión de su inhabilitación y recordó, entonces, que ha estado "ocho veces preso" en los últimos 25 años, cuando se ha opuesto al Gobierno chavista, y lleva "dos años inhabilitado", desde que se postuló para el cargo de alcalde de Caracas.

Pos su parte, Mardo quiso competir en 2021 para el cargo de alcalde en un municipio del estado Aragua (norte), pero no pudo presentarse ante la persistencia de una inhabilitación política impuesta en 2017.

Se espera que el TSJ se pronuncie también sobre el caso de la exdiputada Machado, que asegura que nunca ha sido notificada de inhabilitación alguna, pero pidió al TSJ revisar su caso, haciendo uso del mecanismo acordado entre el Gobierno y la PUD.