Investigan a agentes de órgano de inteligencia por espionaje de políticos en Brasil

Río de Janeiro, 25 ene (EFE).- La Policía Federal brasileña adelanta este jueves 21 allanamientos en residencias y despachos de sospechosos de participar en el presunto espionaje ilícito de miles de personas por parte de la agencia de inteligencia estatal y que al parecer ocurrió durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro.

Celulares de jueces, políticos, periodistas y ciudadanos comunes habrían sido interceptados sin autorización judicial a través de la agencia, mediante herramientas de geolocalización en dispositivos móviles.

Según un comunicado de la Policía, al menos siete policías están entre los sospechosos y pueden ser suspendidos de sus cargos este mismo martes, si las autoridades encuentran pruebas de su participación en el esquema.

En total los agentes cumplen mandatos de requisa e incautación en 21 domicilios localizados en las ciudades de Brasilia, Juiz de Fora y São João Del Rei -en el estado de Minas Gerais- y Río de Janeiro.

Aunque la Policía no quiso confirmar el dato, medios locales señalan que entre los investigados está el diputado federal Alexandre Ramagem, quien comandó la Abin durante el mandato de Bolsonaro.

Las acciones son parte de una operación iniciada en octubre del año pasado cuando las autoridades descubrieron indicios de que habría sido creado una estructura paralela dentro de la Abin que utilizó herramientas y servicios de la agencia de inteligencia para acciones ilícitas.

Según la información suministrada, los implicados producían información de uso político y mediático, para obtener de beneficios personales e incluso interferir en las investigaciones de la Policía Federal.

Las acciones de las autoridades parten de un operativo iniciado el año pasado en octubre en el que fueron detenidos dos miembros de la Abin.

El espionaje, realizado mediante avanzados sistemas que Brasil adquirió en 2018 de la empresa israelí Cognyte, puede haber tenido como objetivo vigilar todas las actividades de aquellos que el Gobierno consideraba como opositores y "enemigos políticos", como el propio Bolsonaro solía calificarlos.

Desde que comenzaron las investigaciones, en 2023, la Policía Federal aclaró que el expresidente no es objeto de investigación en este asunto, que comenzó a ventilarse desde que el líder ultraderechista aún estaba en el Gobierno.