Bogotá, 24 ene (EFE).- El exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso realizará un acto de perdón público por el secuestro en 1999 de la senadora Piedad Córdoba, fallecida el pasado sábado, como un homenaje póstumo a ella y su familia.
Mancuso confirmó este miércoles en un video difundido en medios que realizará este acto, que le prometió a la senadora cuando estaba viva, ya que es uno de los únicos líderes vivos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de dicho secuestro el 22 de mayo de 1999.
"Le expresé mi deseo, que ella aceptó, de hacerle un reconocimiento público para pedirle perdón por el secuestro que ella sufrió por ser uno de los pocos responsables vivos de esos lamentables hechos, un compromiso que mantengo en su honor como homenaje póstumo a ella y su familia", dijo Mancuso en un video grabado desde el Centro de Migrantes en Georgia (EE.UU.) donde espera la decisión de ser extraditado.
Córdoba, una reconocida senadora del oficialista Pacto Histórico y activista por la paz y la igualdad racial, de género y LGTBI que falleció el pasado sábado por un paro cardíaco en Medellín, fue secuestrada por órdenes del entonces líder paramilitar Carlos Castaño por una banda criminal que la trasladó a un campamento de las AUC hasta que la liberaron 18 días después.
Mancuso reconoce ahora que "su legado deja una huella imborrable en la historia de Colombia y su ausencia se sentirá profundamente en los debates y discusiones futuras".
El excomandante de las AUC habló recientemente con Córdoba como parte de los procesos activos que lleva dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) e igual que se ha comprometido a pedir perdón a otras víctimas, también se comprometió a pedírselo a ella.
Precisamente la JEP decidió el pasado noviembre aceptar el sometimiento "de manera excepcional" de Mancuso en ese tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para juzgar crímenes de guerra.
Todo ello por los aportes que ha realizado y las revelaciones de que fungió de "bisagra o punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar en los patrones de macrocriminalidad".
Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes perdieron esos beneficios y muchos, incluido Mancuso, acabaron extraditados por penas relacionadas con el narcotráfico a Estados Unidos.
Mancuso permanece en el Centro de Detención Stewart, de Georgia, pendiente, junto a sus abogados, de que las autoridades de Estados Unidos le resuelvan su situación migratoria.