La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado este lunes que la investidura de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala es "parte del triunfo de la democracia y la resiliencia del pueblo guatemalteco demostrada en su lucha por la prevalencia del Estado de derecho". La CIDH, que ha subrayado que asumió la Presidencia guatemalteca en la madrugada de este lunes "tras un cuestionado retraso por parte del Congreso", ha expresado al nuevo Gobierno su disposición de brindar la cooperación técnica requerida para atender las afectaciones a los Derechos Humanos observadas en el país en relación con el deterioro de la institucionalidad democrática, la independencia judicial y la impunidad y corrupción. "Los serios desafíos mencionados ya fueron denunciados por la CIDH a través de sus diversos mecanismos de protección, defensa y monitoreo de Derechos Humanos, y dieron lugar a diversas medidas cautelares adoptadas en favor de las personas operadoras de justicia y defensoras de Derechos Humanos", reza un comunicado. En un contexto más amplio, la CIDH ha advertido de que 2017 viene advirtiendo a la comunidad internacional, como forma de alerta temprana, sobre los efectos del flagelo de la corrupción en los Derechos Humanos, temática que ha sido tratada también ante los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, ha resaltado la importancia de la adopción de medidas para fortalecer la independencia judicial con ocasión de los procesos de selección de funcionarios de justicia, por lo que ha llamado al Estado a cesar el "uso indebido" del derecho penal, de conformidad con los estándares iberamericanos. También ha abogado por adoptar medidas que aseguren el retorno seguro de las personas que se han exiliado tras denunciar persecución penal con motivo de sus funciones, y ha pedido garantizar mecanismos de rendición de cuentas a fin de investigar y determinar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Arévalo tomó posesión el domingo tras una serie de retrasos provocados por la paralización de la instauración del nuevo Congreso guatemalteco. Previamente el Ministerio Público había puesto en duda los resultados de las elecciones de junio y agosto de 2023 en las que fue elegido presidente a pesar del aval internacional a los comicios.