Designan al tercer fiscal en menos de 4 meses para que decida si acusa a expresidente Uribe

Bogotá, 16 ene (EFE).- La Fiscalía de Colombia aceptó el impedimento que presentó el fiscal Víctor Salcedo para encargarse del juicio ante la Corte Suprema del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal y designó a un quinto fiscal para el caso, el tercero en menos de cuatro meses.

El fiscal general, Francisco Barbosa, declaró "fundado" el impedimento presentado por Salcedo, quien fue nombrado el pasado 9 de enero pero pidió que le apartaran porque opinó sobre el caso en 2020 cuando era abogado.

Ahora la Fiscalía ha decidido nombrar a Gilberto Iván Villarreal Pava, en un aparente nuevo movimiento para dilatar el proceso contra el expresidente, después de que la Justicia le haya dicho hasta en tres ocasiones -la última el 6 de octubre- que hay motivos para que presente cargos formales por manipulación de testigos y fraude procesal.

Después de que el 6 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá decidiera desestimar la petición de la Fiscalía de que se archivara el caso y le ordenara formular cargos, esa institución designó a Andrés Palencia (entonces era el tercer fiscal que recibía la carpeta para encargarse de él), que renunció el 9 de enero.

Palencia afirmó que estaba realizando "una serie de actos de investigación complementarios" antes de decidir si formulaba los cargos.

Para esa época el senador Iván Cepeda, víctima en este caso judicial, denunció que la Fiscalía está favoreciendo "un escenario de impunidad" a favor de Uribe por la dilación en el proceso.

"La Fiscalía General de la Nación busca una vez más propiciar un escenario de impunidad a favor del imputado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no tiene un propósito distinto a presentar una tercera solicitud de preclusión y sumar tiempo para que la acción penal prescriba", consideraron entonces Cepeda y su abogado, Reinaldo Villalba.

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

Uribe renunció a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que ha sido negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.

Las víctimas consideran que Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, fue a sobornar a testigos en el caso de Cepeda, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo.