Varias ONG piden sobreseer el proceso contra cinco ambientalistas, tras un año detenidos en El Salvador

San Salvador, 12 ene (EFE).- Las organizaciones aglutinadas en la Alianza Frente la Minería y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador exigieron este viernes sobreseer el proceso penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas, quienes fueron detenidos hace un año.

Estas personas, que se encuentran en detención domiciliar, enfrentan un proceso penal por supuestamente asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y forman parte de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES).

"Hemos cumplido un año de injusticia en este proceso, una año en el que no se ha respetado el debido proceso", dijo en una conferencia de prensa el abogado defensor Dennis Muñoz.

El letrado lamentó que a los detenidos les aplicaran las medidas del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, aprobado en respuesta a la violencia de las pandillas, a pesar que el caso es de la década de 1980.

"Durante varios meses los líderes comunitarios no tuvieron contacto con este defensor", sostuvo Muñoz, e indicó que "no hay pruebas científicas ni directas que señalen a las personas".

Llamó a la Fiscalía a que solicité al tribunal que lleva el proceso el sobreseimiento definitivo, dado que "no se sostiene" el caso.

Muñoz indicó que el próximo 4 de febrero vence el plazo de la etapa de instrucción sin que se conozca si la Fiscalía pedirá una ampliación de seis meses más antes de la audiencia preliminar.

Vidalina Morales, líder de ADES, indicó que las organizaciones realizan acciones en sus comunidades y buscan apoyos internacionales para denunciar el proceso.

"A un año de la captura de nuestros compañeros, estamos en pie de lucha, seguimos en esta batalla hasta alcanzar la libertad plena (de los acusados)", dijo Morales.

Las personas detenidas son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.

Los líderes de dicha comunidad empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.

Los detenidos son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, son procesados por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.