Sánchez salva el primer escollo en el Parlamento gracias al independentismo catalán

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El presidente del Gobierno español,
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (d), y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la votación de tres decretos clave que el Ejecutivo logró aprobar en el Parlamento. EFE/Rodrigo Jimenez

Madrid, 10 ene (EFE).- El Gobierno de coalición español encabezado por el socialista Pedro Sánchez consiguió este miércoles aprobar varios decretos clave gracias al independentismo catalán y salvó el primer escollo parlamentario de la legislatura que arrancó hace un mes.

El Ejecutivo, formado por socialistas y la plataforma de izquierdas Sumar, logró los votos necesarios para sacar adelante en el Parlamento el decreto judicial necesario para acceder a 10.000 millones de euros de fondos europeos, así como el paquete de medidas anticrisis, aunque no el decreto del aumento del subsidio por desempleo.

Esta fue la primera gran votación de una legislatura que se prevé complicada dada la necesidad del Gobierno de los apoyos de, entre otros, los independentistas catalanes, que están exprimiendo esa dependencia para exigir concesiones.

En una ajustada votación, el decreto judicial fue convalidado por 172 votos a favor y 171 en contra, en medio de una gran incertidumbre por el voto negativo que habían anunciado los independentistas catalanes de Junts, que finalmente se ausentaron de la Cámara tras acordar con el Gobierno la cesión de competencias de inmigración.

Sin embargo, en la votación sobre el subsidio de desempleo se escenificó la fragilidad de los distintos apoyos parlamentarios que sostienen al Gobierno, en este caso por la negativa de Podemos, antiguo aliado de Sánchez pero hoy fuera del Ejecutivo y cuyos votos en contra tumbaron el decreto.

Las formaciones de derecha, Partido Popular y UPN, y la ultraderecha de Vox votaron en contra de los tres decretos.

La aprobación del decreto judicial, conocido como 'ómnibus', desbloqueó el acceso a una nueva fase de fondos europeos por un valor de 10.000 millones de euros (casi 11.000 millones de dólares)

Se trata de una serie de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que la Unión Europea ponía como condición para dar acceso a los fondos.

La reforma engloba medidas de eficiencia procesal y digital del Servicio Público de Justicia, de la Función Pública de la Administración del Estado, de Modificación de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El segundo de los decretos aprobados, el de medidas anticrisis, tuvo que ser votado en dos ocasiones después de que un diputado de Sumar no votara por error y se diera un empate a 171 votos. La segunda votación, realizada minutos después, dio lugar a la misma mayoría que el judicial, 172 a favor y 171 en contra.

El paquete orientado a combatir el impacto de la inflación incluye la gratuidad durante todo 2024 de los trenes de cercanías y de media distancia o la aportación estatal del 30 % de la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano.

También recoge la progresiva normalización de los impuestos energéticos, con un IVA del gas que será del 10 % en el primer trimestre antes de volver al habitual 21 %, mientras que el de la electricidad se mantendrá en el 10 % todo el año.

Además, se mantiene en cero el IVA para los alimentos básicos y en el 5 % el de pastas y aceites y se amplían durante un año el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y los gravámenes temporales sobre la banca y las energéticas.

Asimismo incluye la subida en un 3,8 % de las pensiones contributivas, la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años, el aumento del umbral para acceder a las medidas de alivio hipotecario o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables.

El voto en contra de los cinco diputados de Podemos dejó caer la reforma del subsidio de desempleo, que, entre otros asuntos, contemplaba pasar de los 480 euros mensuales (unos 526 dólares) a los 570 (625 dólares).

La formación de izquierdas salió del Gobierno en noviembre y desde entonces está enfrentada con la plataforma Sumar que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, con la que concurrió a las elecciones del pasado mes de julio.

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