Indígenas de Guatemala cumplen tres meses de protestas contra la fiscal general

Ciudad de Guatemala, 2 ene (EFE).- Decenas de indígenas de Guatemala cumplieron este martes tres meses de plantón ininterrumpido frente a la sede central del Ministerio Público (Fiscalía) para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta.

"Estamos cansados de los corruptos y por eso hemos permanecido en este lugar por casi 100 días", declaró por un altavoz un alcalde indígena del departamento (provincia) de Sololá, esta mañana frente a la sede de la Fiscalía.

El plantón, organizado por autoridades indígenas de diversos departamentos del país, tiene como objetivo principal exigir la renuncia de Porras Argueta, por sus reiterados intentos por anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo de León en 2023.

De acuerdo con los dirigentes de la manifestación, el plantón se mantendrá al menos hasta el 14 de enero próximo, cuando Arévalo de León sea investido como mandatario de la nación para el periodo 2024-2028.

"Esta resistencia es una exigencia de verdadera justicia y esperamos que las nuevas autoridades tomen acciones para atender nuestra demandas", indicó a EFE Rosario Jolón, líder indígena del municipio de San Juan Sacatepéquez, ubicado en el oeste del país.

Jolón explicó que este plantón de resistencia ha logrado permanecer por 92 días gracias a los recursos de los propios pueblos indígenas y donaciones de comida de la población general.

Desde octubre de 2023, los pueblos indígenas de Guatemala han protagonizado diversas protestas en todo el país contra las acciones de la Fiscalía, que incluyeron el secuestro de los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y la segunda vuelta el 20 de agosto pasados.

Por su parte, el presidente electo señaló el 1 de septiembre pasado que Porras Argueta lleva a cabo "un golpe de Estado" en su contra para evitar que tome el cargo el 14 de enero.

Arévalo de León, uno de los fundadores del Partido Semilla, ganó las elecciones con un discurso anticorrupción, en un país donde docenas de organizaciones locales y extranjeras han advertido que el Estado se encuentra "cooptado" desde hace varios años por un grupo de políticos, funcionarios y exfuncionarios, militares, diputados, jueces y miembros de la élite empresarial.