El Gobierno de Javier Milei denuncia a organizaciones sociales por "extorsión" y "fraude"

Buenos Aires, 22 dic (EFE).- El Gobierno de Javier Milei denunció a organizaciones sociales por la supuesta comisión de "extorsión” y "defraudación" al Estado en el manejo de planes de asistencia estatal y demanda a 14 agrupaciones que paguen unos 75.000 dólares por los costos del operativo de seguridad del miércoles pasado, día de la primera movilización contra el nuevo Ejecutivo, confirmaron fuentes oficiales.

“Hemos realizado la denuncia en los tribunales federales por los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, anunció este viernes el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa matinal en la Casa Rosada (sede del Gobierno).

Según Adorni, las autoridades han identificado y denunciado a 32 personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales convocantes de la marcha contra el plan de choque económico del Gobierno. La causa ya está siendo tramitada en el juzgado federal N.º 7 en lo Criminal y Correccional y está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal federal Gerardo Pollicita.

El caso surgió después de que el Gobierno habilitara días atrás una línea telefónica para tramitar denuncias de amenazas de dirigentes sociales contra beneficiarios de planes de asistencia, quienes supuestamente fueron obligados a participar en la protesta bajo la amenaza de no cobrar las ayudas si ni lo hacían.

La línea recibió 15.900 llamadas, de las cuales 1.100 "encuadraban con esa tipología" de delito, según las autoridades.

Además, serán cargados a las organizaciones sociales los costos del operativo de seguridad desplegado para controlar la protesta del miércoles, durante la cual unas 3.000 personas marcharon por el centro de la capital argentina para mostrar su rechazo a las políticas de ajuste y recorte del gasto público del Gobierno de Milei.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Seguridad, se emplazará a 14 organizaciones sociales a pagar 60.000.000 de pesos (unos 74.557 dólares) por el dispositivo desplegado. La cifra a cobrar corresponde al consumo de combustible y el “promedio de horas/hombre” empleadas en el operativo, en el que intervinieron efectivos de la Policía federal y Gendarmería.

“Esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. Vamos a intimarlas para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”, anunció Adorni.

Preguntado sobre la eventual convocatoria de un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT, sindicato peronista), el portavoz de la Presidencia puntualizó que para el Gobierno no es un “hecho cierto” que pueda existir un paro general de los principales sindicatos del país. El Ejetivo mantiene abiertos “los canales de diálogo de manera permanente”, precisó.

Tras conocerse en la noche del pasado miércoles el decreto de urgente necesidad (DNU) con el que el presidente Milei pretende sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina mediante la desregulación económica y la reversión del déficit fiscal, arrecian las voces de rechazo hacia el plan de estabilización, ya que las centrales obreras consideran que las medidas del Ejecutivo recortan derechos sociales y laborales.

La peronista Central General de Trabajadores (CGT), que hasta ahora se ha mantenido al margen de las movilizaciones, ha convocado una marcha para el miércoles 27 de diciembre en la que exigirá la derogación del decreto, que ha sido publicado en el boletín oficial, pero sin fecha de entrada en vigencia.

Buenos Aires, 22 dic (EFE).- La calle y el Parlamento se han convertido en los dos escenarios donde el presidente de Argentina, Javier Milei, lidia con la oposición política y las organizaciones sociales y sindicales para sacar adelante el decreto de necesidad urgente (DNU) con el que pretende reformar la economía del país.

El jueves, apenas unas horas después de que 3.000 personas salieran a manifestarse por primera vez para mostrar su rechazo a las políticas ultraliberales del nuevo Gobierno, Milei compareció ante los argentinos en una cadena nacional de televisión para anunciar la firma de un decreto con más de 300 reformas diseñadas para desregularizar la economía y frenar el déficit fiscal.

En vez de mandar un conjunto de proyectos para que fueran debatidos por separado, el nuevo presidente optó por aglutinarlos todos en un mismo decreto que no admite discusiones parciales, solo su rechazo o aprobación por un Congreso de la Nación en el que el gobernante libertario carece de apoyos políticos suficientes y está obligado a negociar con la oposición.

El presidente tiene ahora diez días de plazo para enviar el decreto al Parlamento, donde una Comisión Bicameral Permanente se encargará de tramitarlo. En esta comisión, que aún no está constituida, los peronistas -ahora en la oposición- tendrán mayoría. Pero en tanto no se resuelva su tramitación parlamentaria, el DNU está vigente por un plazo de ocho días que caduca el próximo 29 de diciembre.

Milei ha advertido de que los legisladores que no secunden su proyecto "van a pagar el costo político", pero lo cierto es que los presidentes de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, ya han entablado conversaciones con las bancadas parlamentarias. Paralelamente, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ha iniciado contactos con legisladores de la oposición.

La estrategia del Gobierno, según informa la prensa local, apunta al aislamiento de los partidarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ganar apoyos entre el resto de las fuerzas peronistas y de la Unión Cívica Radical (UCR). Pero lo tiene difícil, porque Javier Milei insiste en que no piensa reemplazar el decreto de urgente necesidad por un conjunto de proyectos de ley, que es la condición que pone la oposición.

Y mientras tanto, las organizaciones sociales y sindicales se movilizaron nuevamente este viernes en distintos puntos de Argentina contra el paquete de reformas del Gobierno y llevaron a cabo asambleas, paro de actividades y ollas populares.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que agrupa a los empleados públicos de toda Argentina, marchó hasta la sede de la Jefatura de Gabinete en Buenos Aires, y también hubo concentraciones ante el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano (antes Ministerio de Desarrollo Social).

“No nos corresponde a nosotros evaluar si pasaron sólo doce días desde que el Gobierno asumió. Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.

En la capital, los manifestantes rodearon los puntos de encuentro desde las aceras para evitar cortar la calle e incumplir así el protocolo "antipiquetes" establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El Gobierno minimizó la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales y sindicales.

Además, trabajadores ferroviarios se sumaron hoy a las protestas en el vestíbulo de la estación de trenes de Constitución, en Buenos Aires, en rechazo a una eventual privatización de los ferrocarriles públicos.

Las reformas del Gobierno para buscar la estabilidad económica incluyen desde ceses de contratos laborales con el Estado, hasta privatizaciones de empresas estatales, pasando por la reforma de las leyes del trabajo, algo que rechazan de plano los sindicatos.

La poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), de inspiración peronista, se abstuvo en un primer momento de participar en las movilizaciones de protesta convocadas por las organizaciones sociales. Pero una vez que sopesó el alcance del decreto firmado por Milei, convocó una marcha para el miércoles 27 de diciembre en la que exigirá su derogación.

La CGT, que presentará una acción en los tribunales para anular el DNU, rechaza las medidas propuestas por el Ejecutivo, que impactan directamente en la legislación laboral, desregulan amplios sectores de la actividad económica y además merman la capacidad de influencia y recaudación de las organizaciones sindicales.

El ministro de Trabajo, Omar Yasín, replicó a los sindicatos diciendo este viernes que el paro "es una medida precipitada".

Manuel Fuentes