El cese del máximo órgano de la judicatura peruana traerá perjuicio al Congreso, advierte miembro

Lima, 13 dic (EFE).- La posible destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú, el máximo órgano de gobierno de la judicatura, por iniciativa del Congreso puede generar una "afectación mayor" al Parlamento, al quebrarse su legitimidad constitucional, declaró este miércoles el vicepresidente de esa entidad, Aldo Vásquez.

Ante el anuncio del Congreso de que la remoción de la JNJ será debatida esta semana en el pleno, Vásquez recordó que los miembros de la junta han advertido que "las consecuencias son imprevisibles, pero sobre todo" teme "que la afectación mayor sería para el propio Congreso".

En una entrevista con la emisora RPP, el vicepresidente de la JNJ explicó que se puede discutir la legitimidad política del Congreso "a partir de los resultados de las encuestas y de los escasos niveles de aprobación, pero lo que no se puede discutir es que tiene una legitimidad constitucional".

Sin embargo, "si el Congreso obra de modo manifiesto, abierto, en contra de la Constitución, esa atadura de nivel constitucional se vería quebrada y, con eso, las consecuencias serían imprevisibles", afirmó.

En tal sentido, aceptó que podría presentarse la situación de que "la fuerza pública acuda a la JNJ para retirar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia ante una decisión de esa naturaleza".

Vásquez informó que los siete magistrados integrantes de la JNJ no han sido convocados al pleno parlamentario "porque la pretensión" es cesarlos "de modo inmediato", sin escucharlos y "sin establecer ningún procedimiento, sin hacer ninguna imputación".

"Por eso hemos dicho que una postura de esta naturaleza supone eventualmente un quiebre, un resquebrajamiento del ordenamiento democrático", remarcó.

El Congreso de Perú debatirá y votará en los próximos días una propuesta que plantea destituir a los miembros de la JNJ, que denunció que una medida de este tipo constituye "un ataque al orden democrático" en el país andino.

El debate sobre el caso fue incluido en la agenda del último pleno del año, que fue convocado por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, del partido derechista Alianza para el Progreso (APP), para este miércoles, jueves y viernes.

La moción solicita "remover de forma inmediata a los miembros" de la JNJ por haber suspendido durante seis meses a la magistrada Patricia Benavides como fiscal general del país, luego de la investigación abierta a una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público.

El pedido fue presentado por los parlamentarios Jorge Montoya y Alejandro Muñante, del partido ultraconservador Renovación Popular, y plantea remover a los miembros de la JNJ "por la flagrante comisión de actos contrarios a la ley, consistentes en haber suspendido temporalmente" a Patricia Benavides "en sus funciones de fiscal de la Nación (general) y presidente de la Junta de Fiscales Supremos".

La junta suspendió a Benavides "con la finalidad de asegurar el normal desarrollo" de la investigación abierta a la presunta red acusada de influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.

La suspendida fiscal general presentó este lunes una petición para que se revoque su suspensión y luego afirmó ante una comisión del Congreso que es víctima de un complot "de fuerzas oscuras" por su "lucha frontal contra la corrupción" en su país.