Cejil pide una audiencia a la CorteIDH y que declare a Perú en desacato por el caso Fujimori

San José, 7 dic (EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declare en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones por la liberación de prisión del expresidente Alberto Fujimori.

"Esperamos que la Corte Interamericana adopte una decisión, que declare en desatado al Estado peruano y que sea puesto en conocimiento de la Asamblea General de la OEA. Eso está en el mandato de Corte y ya lo ha hecho con Nicaragua y Venezuela", dijo a EFE este jueves la directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de Cejil, Florencia Reggiardo.

Anoche Cejil envió a la CorteIDH, con sede en Costa Rica, una solicitud para que realice una audiencia de medidas urgentes en la que el Estado brinde explicaciones, pero en la que también se escuche a las víctimas de los casos de matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales hay dos sentencias del tribunal continental. Por estos casos Fujimori fue condenado por la Justicia de su país a 25 años de cárcel.

Este jueves vence un plazo dado por la CorteIDH al Estado para que brinde información por escrito y Cejil espera que en pocos días el tribunal convoque a una audiencia.

"Perú está violando deliberadamente sus obligaciones internacionales y el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, está incumpliendo tratados internacional que suscribió y ratificó. Nunca habíamos visto una decisión de incumplimiento de este nivel. Solo se ha visto algo similar en Nicaragua y Venezuela que llevan años de no acatar y donde la situación de derechos humanos es de las más preocupantes", comentó Reggiardo.

La representante de Cejil recordó que en 2018 y 2022 Perú acató las disposiciones de la CorteIDH que le instó a abstenerse de liberar a Fujimori porque el indulto presidencial que le había sido otorgado en 2017 negaba el derecho al acceso a la Justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y era contrario a las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Sin embargo, este miércoles el expresidente de 85 años de edad fue liberado en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CorteIDH requirió horas antes a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.

Desde que el martes pasado el Tribunal Constitucional ordenara la libertad inmediata de Fujimori, en una resolución firmada por tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, el país esperaba si el Gobierno iba a acatar esta decisión judicial, o si iba a prevalecer lo solicitado por la CorteIDH.

El Gobierno, horas después de la liberación del expresidente, emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), y señaló que había acatado una sentencia del TC.