Los petroestados, en riesgo económico por la caída de ingresos ante transición energética

Isaac J. Martín

Dubái, 1 dic (EFE).- Unos 28 petroestados, en especial Venezuela, corren el riesgo de perder más de la mitad de sus ingresos previstos procedentes de los combustibles fósiles de aquí a 2040 a medida que avanza la transición energética, con una bajada de los precios que dejará un importante agujero en las finanzas públicas, publicó hoy la organización Carbon Tracker.

Los gobiernos y las empresas pueden estar planeando “una transición lenta y previendo inversiones sin cambios”, pero incluso una transición energética a un ritmo moderado podría tener un impacto “dramático” en sus finanzas, de acuerdo a esta organización con sede en Londres.

Añadió que hasta 2040, los ingresos del petróleo y el gas de 40 países petroleros podrían pasar de los 17 billones de dólares previstos a sólo 9 billones en una transición compatible con la limitación del calentamiento global a 1,8 ºC.

Este informe, publicado durante el segundo día de la Cumbre del Clima COP28 que se celebra en Dubái, prevé que la demanda de petróleo y gas disminuya cada vez más hacia finales de la década, y que la caída de los precios se verá agravada por el exceso de oferta.

Por ello la organización, que cuenta con especialistas que se especializan en el riesgo climático en mercados financieros, advierte de que, en muchos países productores, esto dejará “un importante agujero en las finanzas públicas, limitando su capacidad para prestar servicios públicos y amenazando la estabilidad”.

Venezuela, el de mayor riesgo

Emiratos Árabes Unidos (EAU) depende del petróleo y el gas para el 40 % de los ingresos del gobierno, pero los ingresos de producción podrían ser un 60 % más bajos de lo esperado, una situación similar la que tiene Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo.

Al menos seis estados africanos son muy vulnerables, con más del 60 % de su presupuesto total en peligro: Nigeria, con 215 millones de habitantes, Angola, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón.

Los ingresos procedentes del petróleo y el gas podrían ser inferiores en más de un 70 % a lo previsto en todos ellos, excepto en Gabón.

Pero uno de los países de “mayor riesgo”, según Carbon Tracker, es Venezuela dado que las finanzas públicas dependen “totalmente de los ingresos del petróleo y el gas, y éstos podrían ser inferiores en más de un 80% a lo previsto”.

De hecho, la economía venezolana experimentó una grave recesión cuando los precios del crudo bajaron en 2015, lo que provocó un desequilibrio fiscal, la devaluación de la moneda, el aumento de los niveles de deuda y una contracción económica general, según la organización.

Ayuda internacional

“Puede que algunos petroestados no quieran hacer la transición, pero se arriesgan a perder importantes ingresos previstos si no lo hacen”, señaló a EFE Guy Prince, uno de los autores de este informe.

Por ello, indicó que los países que destacan, entre los que se encuentra Venezuela, necesitan “adoptar un enfoque político progresivo que mire hacia el futuro reuniendo a sus departamentos clave -por ejemplo, finanzas y energía- que aborde claramente el reto de la transición, considerando tanto los riesgos como las oportunidades”.

Una de las recomendaciones que Prince hace junto a los demás especialistas es que dichos países “tienen que diversificar sus economías, alejándose de los combustibles fósiles e introduciéndose en sectores no relacionados”.

“Algunos de los instrumentos políticos que podrían utilizar son la reforma de las subvenciones energéticas y las políticas fiscales, y la creación de fondos soberanos”, aseveró, y añadió que es la comunidad internacional quien tiene “un papel clave que desempeñar, tanto financiero como de ayuda al desarrollo de estrategias, y podría utilizar las Asociaciones para la Transición Energética Justa como modelo”.

“Sin diversificación económica, los gobiernos corren el riesgo de quedar atrapados en la dependencia de un mercado de exportación cada vez más reducido”, dijo.

Los gobiernos obtienen ingresos a través de las compañías petroleras nacionales de propiedad estatal y de los impuestos sobre la producción de petróleo y gas, y los que se prevé que sufrirán las mayores pérdidas de ingresos son Pemex (México), Roseneft (Rusia) y Ecopetrol (Colombia), dado que el 50 % o más de los nuevos proyectos resultan “innecesarios en una transición moderada”, de acuerdo a Carbon Tracker.

París, 1 dic (EFE).- Las ayudas públicas a los combustibles fósiles casi se duplicaron en 2022 respecto al año anterior con las medidas aplicadas por muchos gobiernos para tratar de atenuar el efecto de la crisis energética y de la inflación, sobre la base de los datos recopilados para 82 países.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estiman que el costo presupuestario de esas ayudas en esos 82 países fue el pasado año de 1,4813 billones de dólares, frente a los 769.500 millones de 2021.

En un comunicado publicado este viernes, las dos organizaciones atribuyen esa evolución a los dispositivos de los gobiernos para "compensar el tirón excepcional de los precios de la energía imputable en parte a la guerra de agresión rusa contra Ucrania".

La mayor subida en términos relativos se dio en el gas, con 447.000 millones de dólares en 2022, frente a los 205.000 millones un año antes.

Pero el combustible fósil al que fueron a parar más subvenciones fue el petróleo, con 519.000 millones de dólares, comparados con los 285.000 millones en 2021.

La electricidad generada con combustibles fósiles absorbió 472.000 millones, frente a 240.000 millones el año anterior, mientras el carbón se llevó 36.000 millones en 2022, tras los 35.000 millones de 2021.

El 81 % de ese dinero estuvo dirigido hacia los consumidores (particulares y empresas), mientras que los productores de energías fósiles recibieron el 16 %. Un 3 % fue para los llamados servicios de interés general.

Las subvenciones al consumo dieron un salto del 116 % entre 2021 y 2022, hasta alcanzar 1,1 billones de dólares, lo que se explica por la escalada de precios en los mercados internacionales.

La OCDE y la AIE insisten en que hay que poner fin de forma progresiva a las "ayudas ineficaces a las energías fósiles" y reorientar el dinero público a soluciones para sustituirlas por otras que generen pocas emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo mejorar la seguridad y la eficiencia energética.

En cualquier caso, hacen igualmente un llamamiento para que las ayudas sean selectivas y beneficien a "las personas que más las necesitan".

La razón es que cuando esos dispositivos no discriminan acaban beneficiando de forma desproporcionada a las familias con más ingresos, que son generalmente las que consumen más energía.