San Salvador, 30 nov (EFE).- Los salvadoreños se encuentran a la espera de que el presidente Nayib Bukele solicite previsiblemente este jueves una licencia de 6 meses al Congreso para iniciar la campaña electoral para los comicios de febrero de 2024, en los que buscará la reelección inmediata, una medida criticada como inconstitucional.
Este sería el último paso para que el mandatario se centre en la búsqueda de un segundo mandato consecutivo, algo que no permite la Constitución, y cuyo último antecedente se dio en 1935 bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez.
Además de pedir licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña, el mandatario debe presentar la terna de designados a la Presidencia para que lo suplan.
Según ha adelantado el presidente del Congreso y exsecretario de Bukele, Ernesto Castro, este órgano únicamente "ratificará" a los designados, que la Constitución señala que no pueden ser familiares del mandatario.
Castro convocó a los diputados del órgano Legislativo a una sesión extraordinaria para este jueves, prevista para las 16.00 hora local (22.00 GMT) pero no señaló el punto a tratar en dicha sesión, se prevé que para el debate de dicha solicitud.
Este requisito de solicitar una licencia de 6 meses antes del inicio del siguiente período presidencial fue puesto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elegida de forma irregular por el oficialismo, que cuenta entre sus miembros con exasesores del Gobierno de Bukele y exabogados de altos funcionarios.
"Ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos", dice referido fallo, de septiembre de 2021.
Sin embargo, diversos juristas señalan que este no debería tener efectos legales a raíz de que fue emitido por una Sala "ilegitima", dado que el Congreso de mayoría oficialista la nombró sin seguir el proceso legal establecido.
Además han señalado que este fallo se dio en un proceso particular en el que se solicita retirar los derechos ciudadanos a una persona y no fue producto de una demanda de inconstitucionalidad.
En la víspera, Bukele siendo presidente y candidato del partido Nuevas Ideas (NI) convocó una cadena nacional de radio y televisión para anunciar la inauguración de una clínica en una isla remota y de un nuevo centro de ambulancias.
"Estamos felices de tener este nuevo y bonito centro de atención médica para todos, que va a traer salud, no solo curativas, sino también preventiva, para toda la gente. Una promesa cumplida y además el anuncio de nuevas promesas, que así como fue cumplida esta, también van a ser cumplidas las otras", dijo Bukele.
Según advirtió el miércoles el abogado José Marinero, con la votación por la licencia de Bukele y de ratificación de designados se estaría dando un "triple fraude a la Constitución".
"Simularán cumplir requisitos no porque respeten las reglas, sino porque aún las dictaduras buscan legitimarse con apariencia de derecho. Se parecen, pero no es lo mismo tomarse con soldados la Asamblea (o las urnas) que fabricar una 'resolución' que avale la reelección", publicó en sus redes sociales.
Dijo que la Constitución estipula que el presidente solo puede ser sustituido por "muerte, renuncia, remoción u otra causa" y "claramente la 'otra causa' no puede ser irse de campaña porque la reelección inconstitucional".
"Dado que no ha renunciado, para lo cual la Constitución requiere de una 'causa grave debidamente comprobada', ni tampoco ha sido removido (art. 156 de la Constitución), la conclusión es que la causa para ser sustituido por el designado no está permitida por la Constitución", explicó.
La posibilidad de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutivo en 2024 se abrió en septiembre de 2021, cuando una cuestionada Sala de lo Constitucional de la Corte de Justicia modificó un criterio sobre el tema.
San Salvador, 30 nov (EFE).- Se espera que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicite este jueves ante la Asamblea Legislativa una licencia de su cargo a partir del 1 de diciembre, seis meses antes de que concluya su período al frente del Ejecutivo, para dedicarse a la campaña electoral en busca de su reelección en 2024, a pesar de las críticas que tachan la medida de inconstitucional.
Este sería el último requisito, establecido en un cuestionado fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en 2021 elegida por el oficialismo, para que Bukele compita por un nuevo mandato en los comicios del 4 de febrero.
A continuación se presentan cinco claves para explicar la actual situación política salvadoreña:
El fallo de septiembre de 2021 del Supremo dicta que "ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos" al inicio del siguiente período.
Bukele se ausentaría de su cargo desde el viernes 1 de diciembre y está previsto que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, conozca este jueves la solicitud de licencia en la que el mandatario pida permiso para ausentarse.
Lo anterior tendría el objetivo de "lograr concordancia con el artículo 218 de la Constitución en el que se establece la prohibición de prevalerse del cargo para realizar propaganda electoral", indicaron.
No obstante, analistas consultados por EFE advirtieron que el presidente ya ha realizado propaganda electoral, utilizando además fondos del Estado y desde el Gobierno.
La Constitución salvadoreña señala que, en ausencia del presidente y vicepresidente, dirigirá el órgano Ejecutivo uno de los designados a la Presidencia.
Junto a la concesión del permiso, se prevé que el Congreso ratifique a las personas propuestas por Bukele designadas a la Presidencia para que lo suplan.
Bukele llegó al Ejecutivo en 2019 con el partido de extrema derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) como vehículo electoral tras el retraso en la inscripción de su partido Nueva Ideas (NI).
La Constitución salvadoreña avala la renuncia del Presidente "por causa grave debidamente comprobada, que calificará la Asamblea Legislativa", y no establece que sea para dedicarse a campaña electoral ya que la misma prohíbe la reelección.
De acuerdo con diversos juristas, el presidente puede enviar al Congreso tres propuestas de designado presidencial, si no lo hace será el órgano Legislativo quien se encargue de elegir a la persona.
El designado asumirá su cargo Presidencial el 1 de diciembre y lo dejará el 30 de mayo de 2024.
Fuera de sus funciones presidenciales, Bukele tiene hasta el 31 de enero de 2024 para realizar su campaña electoral, que para candidatos a la Presidencia comenzó el pasado 3 de octubre.
El Código Electoral establece que "la propaganda electoral sólo se permitirá cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para presidente y vicepresidente, y dos meses antes para diputados y Concejos Municipales".
El ente colegiado prohíbe la difamación, injuria y la calumnia, y señala que los que "promuevan o participen en desórdenes públicos serán castigados de conformidad con las leyes comunes".
En una cadena nacional de radio y televisión, transmitida la noche del martes, el presidente Bukele dijo que "dejará su cargo" para dedicarse a la campaña electoral para "un segundo mandato", dejando fuera la palabra reelección.
No obstante, en la resolución los jueces de la Sala de lo Constitucional hablan y habilitan la reelección, con lo que revirtieron así una interpretación constitucional de 2014 que prohibía la reelección presidencial en los siguientes 10 años tras dejar el cargo.
La Constitución salvadoreña señala que no puede ser candidato a la Presidencia quien haya ejercido el cargo "por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior".
Los magistrados indicaron que la interpretación de 2014 es "errónea" y apuntaron que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.
Bukele también señaló que "será la decisión del pueblo", en las elecciones de 2024, que regrese a la Presidencia.
En la resolución se señala que la interpretación de los jueces "deja de lado que el permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por la presidencia, no implica de facto que este llegue a ser electo".
Los jueces constitucionalistas, señalados por EE.UU. de ser "leales" al Ejecutivo de Bukele, indicaron que esto "implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia, y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta".
"No hay forma de que la interpretación propuesta en este documento vulnere derechos fundamentales -ni de mayorías ni de minorías-, pues se deja siempre en manos del pueblo la potestad de decidir entre una gama de opciones, el presidente que pretende la reelección es una más de esas opciones", señalaron.
Redacción Internacional, 30 nov (EFE).- Las sucesivas iniciativas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su partido Nuevas Ideas por extender su influencia en todos los poderes del Estado, ahora con el deseo de abandonar interinamente su cargo para hacer campaña por la reelección, rememoran otros subterfugios de líderes de América Latina para continuar en el poder.
Bukele aspira a ser reelegido presidente en febrero de 2024 a pesar de que la oposición reitera que confluyen elementos de inconstitucionalidad en su decisión. Aunque la Carta Marga prohíbe la reelección presidencial, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2021 que él puede participar en los comicios por segunda vez.
El fallo de la Corte Suprema salvadoreña es objeto de polémica, pues los partidos de oposición sostienen que es ilegal y han tratado de impedir que el Tribunal Supremo Electoral inscribiera a Bukele, pero éste ha rechazado todos sus recursos de nulidad.
En este momento sólo Nicaragua y Venezuela disponen de la reelección indefinida de sus presidentes conforme a sus respectivas constituciones.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega fue reelegido abrumadoramente en noviembre de 2021 para un quinto mandato presidencial y cuarto consecutivo. Su legitimidad está cuestionada porque su victoria estuvo marcada por la detención de siete aspirantes y la eliminación de tres partidos políticos antes de los comicios.
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido en mayo de 2018 en un proceso criticado por la oposición y señalado de fraudulento por numerosos gobiernos. La alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática, contraria al Ejecutivo, no participó en aquellos comicios por considerarlos ilegales.
El régimen de Maduro, con vistas a los comicios de 2024, ha promovido la inhabilitación de María Corina Machado, la precandidata que lidera las encuestas en la oposición. Ella se suma a otros dos importantes líderes opositores inhabilitados, Henrique Capriles y Leopoldo López.
A diferencia de lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua, en Colombia, Guatemala, Honduras, México y Paraguay la reelección presidencial está prohibida.
Incluso así, ha habido casos de aspiraciones irregulares a la reelección. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien se enfrenta ahora a un juicio por narcotráfico en EE.UU., logró la reelección en noviembre de 2017 pese a las denuncias de fraude y gracias a una cuestionada decisión del Tribunal Supremo, que en abril de 2015 inhabilitó 3 artículos que prohibían la reelección en la Constitución.
En Guatemala, la restricción a la reelección presidencial no impidió que el expresidente Álvaro Colom intentara que su esposa Sandra Torres fuera electa presidenta. La Justicia lo impidió finalmente.
Por su parte, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Bolivia y Cuba permiten presentarse de nuevo al término del primer mandato presidencial.
El expresidente Evo Morales intentó en Bolivia en 2019 cambiar esa norma a través del Tribunal Constitucional, pero en una consulta ciudadana los bolivianos negaron la posibilidad de que el entonces mandatario se postulara por otro período.
Ya en 2014 para optar a un tercer mandato, Morales logró que se validara su particular interpretación de que el límite de dos legislaturas empezaba a contar a partir de la aprobación de la nueva Constitución de 2009.
En Brasil, Jair Bolsonaro se enfrentó para su reelección con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El resultado de los comicios, que fueron muy reñidos, no contentó a algunos de los seguidores de Bolsonaro y en enero, al poco tiempo de la investidura de Lula, miles de radicales asaltaron las sedes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo en Brasilia.
Los lazos familiares también han servido para preservar el Gobierno. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta desde 2007 hasta 2015, recibió la jefatura del Estado de manos de su esposo, el hoy fallecido expresidente Néstor Kirchner.
La imposibilidad de reelección inmediata está contemplada en las constituciones de Chile, Perú, Uruguay, Panamá y Costa Rica.
Pero aunque está expresamente indicado, también hubo la excepcionalidad para mantenerse en el poder. El peruano Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y el 2000, alentó la reforma constitucional para permitir su reelección y finalmente abandonó su cargo a comienzos del tercer mandato por escándalos de corrupción.
Su hija Keiko Fujimori se presentó a las presidenciales de 2021 y perdió contra Pedro Castillo (2021-2022).