Un fondo social para Venezuela, la promesa incumplida un año después

Caracas, 25 nov (EFE).- Cuando el Gobierno y la oposición acordaron un fondo social para Venezuela, el 26 de noviembre de 2022, se dispararon las expectativas sobre la negociación política y su promesa de resolver problemas globales que afectan a la ciudadanía. Un año después, los beneficios no han llegado, y obtener información sobre ese dinero parece imposible.

Aquel acuerdo, suscrito en la mesa de diálogo en México, establecía la creación de un fondo social con el que la Organización de Naciones Unidas (ONU) manejaría recursos venezolanos bloqueados en el extranjero para destinarlos a cubrir necesidades urgentes, pero, hasta el momento, todo se ha quedado en burocracia, silencio y diatribas políticas.

Tres fuentes involucradas en las negociaciones aseguraron a EFE, bajo estricto anonimato, que el proceso ha avanzado "bastante", tomando en cuenta las complejidades del caso, al punto de que el mecanismo "está listo" para empezar a recibir el dinero, a la espera de una firma por parte del Ejecutivo.

Aunque eran frecuentes los retrasos de las reuniones de trabajo por inasistencias de los representantes del Gobierno -explicaron las fuentes-, la situación empeoró en las últimas seis semanas, cuando fue imposible concretar ningún encuentro con el jefe de la delegación del chavismo en los diálogos, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El líder negociador está 100 % dedicado al referendo no vinculante del 3 de diciembre, con el que el Gobierno busca reforzar su defensa sobre un territorio en disputa con Guyana, sin dejar espacio en su discurso para el fondo que 12 meses atrás vendió como un gran logro.

Pero, en este momento, las promesas de entonces, que contemplaban, según el propio Rodríguez, mejoras de infraestructuras, la recuperación de bancos de sangre, la compra de tratamientos para 60.000 pacientes oncológicos, la renovación del sistema eléctrico, la inmunización infantil o la inversión en 30 hospitales, están en segundo plano.

Para acometer todas esas tareas, el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro esperaba, en un primer momento, movilizar unos 3.000 millones de dólares, pero un año después las partes -aseguraron las mismas fuentes- solo han identificado "cerca de 100 millones de dólares en Europa" como capital inicial, destinado "al área de la salud", sin que aún entre ni un centavo.

La delegación opositora ha sido más activa a la hora de hacer llamamientos públicos para acelerar este proceso, del que prefiere reservarse detalles para "cuidar la negociación", según el jefe del grupo, Gerardo Blyde.

EFE tuvo información de que, en las últimas 72 horas, los negociadores del antichavismo han sostenido reuniones -cuyos detalles no son públicos- para analizar el estancamiento de lo pactado en México y el riesgo que corre el más reciente acuerdo -suscrito en octubre, en Barbados- de caer en el mismo punto muerto.

La oposición, interesada en empujar la negociación, con la vista puesta en conseguir garantías para unas elecciones presidenciales competitivas en 2024, buscaba que el dinero descongelado se manejara "apegado a los estándares de la ONU" y no "bajo las leyes venezolanas", como predicaba el chavismo, una disputa que tampoco se sabe cómo terminó.

La diplomacia silenciosa de Naciones Unidas, más enmudecida en Venezuela respecto a otros países de la región, ha guardado los secretos de la tirantez política en torno al fondo social y está a punto de cumplir un año sin decir una sola palabra al respecto, al menos desde el país caribeño.

Las dos notas públicas aportadas por el organismo multilateral vinieron directamente de su secretario general, António Guterres, para comunicar que "tomaba nota" del acuerdo de México, días después de suscribirse, y en octubre pasado, cuando dio luz verde a la creación del fondo, que busca "apoyar a personas vulnerables" con "cuidados de salud" y la atención de "otras necesidades básicas".

La ONU aseguró que el mecanismo estará abierto a múltiples socios, pero no ahondó en la materia, por lo que no se conoce el modo en que resolvieron la parte más compleja de esta tarea que es, según personas vinculadas al trabajo humanitario en el país, la inclusión de licitaciones nacionales e internacionales para la ejecución de los proyectos y el blindaje legal de cara al futuro.

Héctor Pereira