Panamá, entre la esperanza y la incertidumbre por la decisión jurídica del contrato minero

Ciudad de Panamá, 23 nov (EFE).- Ambientalistas y jóvenes acampan desde hace días frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá con la "esperanza" de que ese órgano declare inconstitucional el contrato minero, epicentro de la grave crisis que azota al país desde hace un mes, buscando así presionar a los magistrados, que inician desde este viernes una sesión permanente.

"Esperamos que la Corte falle a favor de la inconstitucionalidad. Este es un reclamo desde hace más de un mes (...) y esperamos que se dé en beneficio del país, de la patria y de la soberanía", dijo a EFE Carlos Escudero, del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, uno de los grupos ambientalistas más populares.

Desde el pasado 12 de noviembre, un grupo "vigila" día y noche al Supremo para que dé una decisión lo más pronto posible, ya que el máximo órgano de justicia del país tiene en sus manos el futuro de ese polémico contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), y una posible salida a la crisis interna.

La presión sobre el máximo órgano judicial de Panamá se intensificará este viernes, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia entrará en "sesión permanente" para decidir el fallo sobre la inconstitucionalidad o no de ese contrato minero, foco de las mayores protestas en Panamá desde hace décadas.

Aunque parte de la sociedad panameña desea que la Justicia falle a favor del clamor popular, que desde hace semanas exige a las autoridades con manifestaciones callejeras y bloqueos viales eliminar ese contrato por su impacto ecológico y a la soberanía del país, algunos manifestantes han reconocido a EFE su desconfianza hacia el órgano de justicia, al que acusan de estar politizado.

"Esperamos que haya una respuesta positiva a nuestro país y que el fallo se dé de manera efectiva a favor de nuestra nación", declaró sin embargo a EFE Edgar Días, del movimiento ecologista Voz Verde.

Frente a la entrada principal del Palacio Gil Ponce, como se conoce a la Corte Suprema, hay un enorme cartel con el mensaje "CSJ El pueblo está vigilando" y un gran cepo al lado, un artefacto de madera que inmoviliza las manos y los pies utilizado desde hace siglos en las áreas indígenas de Panamá como método de castigo.

Los jóvenes y los ambientalistas mantienen turnos matutinos y vespertinos, organizados a través de redes sociales. También han levantando un pequeño "campamento base" -como ellos lo denominan- a un costado de la sede de justicia rodeado de casetas de campaña y una gran olla al fuego.

De esa manera y pese a la incesante lluvia, no han abandonado la vigila que comenzó días después de que el Parlamento desistiera derogar el contrato minero a través de un proyecto de ley, dejando sobre los magistrados la decisión de declararlo inconstitucional, una vía que los ambientalistas defienden al considerar que eso pondría en una situación más ventajosa al Estado panameño frente a un posible arbitraje internacional.

Algunos abogados especialistas consultados por EFE han planteado una posible tercera opción en la ecuación: que la Corte de Justicia haga un fallo parcial, es decir, que algunos artículos sean contra la Carta Magna y otros no, lo que aumentaría la tensión social.

"Me temo que van a declarar que es medio inconstitucional. Eso significa una atorrancia (despropósito) aberrante puesto que en materia constitucional las cosas son o no son (...) Esto va a encender más la opinión pública", declaró a EFE el abogado constitucionalista y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal.

A juicio del abogado Ernesto Cedeño esa es una "posibilidad remota porque se ha demandado la ley y no un artículo en especial".

Esa teoría, que ha cobrado fuerza los últimos días, es ampliamente rechazada por los manifestantes y los sindicatos, que advierten que no cesarán las protestas: "No esperamos que el fallo de la Corte sea parcial, sino completo", expresó a EFE la líder de Voz Verde, Zoany Mero.

A su vez, esos mismos expertos consultados por EFE señalan que el tiempo de decisión del máximo órgano de justicia de Panamá es muy variable, ya que podría tardar horas o hasta tres semanas a pesar de que la Corte ya anunció que va a "tomar una decisión en el menor tiempo posible".

El país centroamericano continúa mientras tanto en la incertidumbre, tras cinco semanas de protestas que han golpeado a la economía y dejado al menos cuatro fallecidos.

Ciudad de Panamá, 23 nov (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Panamá inicia este viernes una sesión permanente para decidir sobre la alegada inconstitucionalidad del contrato de una gran mina de cobre a cielo abierto, de capital canadiense, cuya operación ha generado las mayores protestas en décadas en el país con un saldo de cuatro muertos, pérdidas millonarias a la economía y crispación social.

El pleno de nueve magistrados sesionará "hasta emitir su decisión, en el menor tiempo posible", sobre dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 406 del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), aprobada el 20 de octubre pasado y que renovó por 20 años prorrogables la concesión.

Minera Panamá explota la mina Cobre Panamá, la mayor inversión privada en la historia del país con alrededor de 10.000 millones de dólares, que genera más de 7.000 empleos directos y 40.000 indirectos y cuya actividad es responsable del 4,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y representa el 75 % de las exportaciones de bienes panameños, según datos de la empresa.

A continuación las cinco claves del por qué este proyecto, acusado por ambientalistas de causar graves daños al Corredor Biológico Centroamericano, se enfrenta a un proceso judicial que puede decretar su fin.

La Corte Suprema declaró inconstitucional en 2017 el contrato ley que en 1997 avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a la empresa ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá.

Tanto Minera Panamá como el Gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) defendieron que el fallo de 2017 no afectaba a la mina porque declaraba inconstitucional la ley aprobada para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión.

El actual Gobierno del presidente Laurentino Cortizo anunció a mediados de 2021 la negociación de un nuevo contrato con Minera Panamá para dar legalidad a la operación y aumentar los beneficios al fisco, descartando así el cierre del proyecto por considerar que eso sería un "suicidio" desde el punto de vista económico.

Las negociaciones comenzaron en septiembre de 2021 y finalizaron con el acuerdo del nuevo contrato ley en marzo de 2023, tras un duro proceso que incluyó una orden gubernamental del cese de operaciones de la mina y la activación por parte de la empresa de "dos procesos de arbitraje contra Panamá", según informó el 24 de diciembre de 2022 el Ministerio de Comercio e Industrias.

El Gobierno defiende que el nuevo contrato multiplica por 10 los aportes al fisco, con un aporte mínimo anual de 375 millones de dólares por regalías que se elevaron de 2 % a entre 12 % y 16 %, el pago de impuestos antes exentos, y la vigilancia ambiental.

Grupos ambientalistas, abogados y políticos que tienen años luchando contra la mina aseguran que el nuevo contrato mantiene los mismos vicios que llevaron a declarar inconstitucional el primero, entre ellos que en ambos casos la concesión se adjudicó de forma directa, sin la licitación que dicta la ley.

"Los vicios están repetidos y aumentados en este contrato en relación con el anterior", dijo a EFE la ex fiscal general y exdiputada independiente panameña Ana Matilde Gómez.

La crisis que comenzó el pasado 23 de octubre en rechazo a la mina ha dejado marchas multitudinarias no vistas en décadas, bloqueos de vías que han resultado en la muerte de 4 manifestantes, pérdidas que superan los 1.700 millones de dólares y una huelga docente que tiene sin clases a cerca de 800.000 estudiantes. Pero las manifestaciones contra el contrato minero comenzaron a inicios de año.

En una consulta pública no vinculante activada por el Gobierno a través de una plataforma digital, "más del 70 % de las personas que participamos dijimos no a la minería metálica a cielo abierto", recalcó la ex fiscal general Gómez.

Si la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de la ley 406 el contrato "deja de existir", afirmaron a EFE la ex fiscal general y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño. El Ejecutivo tendrá, en muy corto plazo, que ordenar el cese de operaciones, que no es lo mismo que el cierre de la mina.

La ambientalista Raisa Banfield, miembro del movimiento 'Panamá vale más sin minería', dijo a EFE que promueven la realización de una "licitación pública con unos términos de referencia para que vengan empresas para reducir la operación y ponerle un término", un proceso que será largo y costoso.

Se espera además que Minera Panamá y FQM activen arbitrajes que pueden involucrar miles de millones de dólares en resarcimiento.

Por otro lado, el escenario de un fallo que dicte que el contrato es constitucional es poco probable, a juicio de Gómez, "porque el máximo tribunal estaría desdiciendo así mismo" frente a la decisión de 2017.