El presidente de Panamá dice que los actos violentos en las protestas antiminería no quedarán impunes

Ciudad de Panamá, 16 nov (EFE).- El presidente panameño, Laurentino Cortizo, dijo este jueves que hasta ahora su Gobierno había evitado la incitación de grupos que en las protestas antiminería optaban por la confrontación y las manifestaciones violentas, pero advirtió que éstas "no quedarán impunes".

Cortizo, en su cuarto mensaje al país en esta crisis originada por el rechazo a la renovación del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, indicó que la confrontación y la violencia atentan contra "la salud, educación, los actuales puestos de trabajo, la generación de nuevos empleos, la recuperación económica y la paz social".

"Este tipo de manifestaciones violentas que hacen uso de la fuerza perjudicando a todos no quedarán impunes porque atentan contra la Constitución y las Leyes que todos debemos respetar", afirmó.

En ese sentido, el mandatario aseguró que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Fuerza Pública trabajan coordinadamente para "cumplir las órdenes de aprehensión y conducción de quienes atentan contra la privación de la libertad individual y la personalidad jurídica del Estado".

Estas órdenes de aprehensión incluyen también a los que incurran en "apología del delito, daños a la propiedad pública y privada y cualquier otro delito relacionado con estas acciones ilegales", precisó.

La Policía Nacional de Panamá abrió este jueves algunos de los puntos bloqueados por manifestantes antiminería en el marco de un llamamiento de los sindicatos a un paro nacional que aparentemente ha tenido un débil poder de convocatoria.

Los bloqueos, aunados a un paro docente indefinido en el sector público, comenzaron el pasado 23 de octubre a la par que tuvieron lugar las mayores manifestaciones públicas en décadas en Panamá contra la operación de la mina, a la que acusan de dañar el medio ambiente y lesionar al Estado por los términos leoninos del contrato.

Los grupos ambientalistas que llevan años luchando contra la minera aseguran que el nuevo contrato ley tiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por el Supremo, organismo ante el que nuevamente han presentado recursos en este sentido.

Un nuevo fallo de inconstitucionalidad colocará el Estado panameño en una mejor posición de defensa frente a los reclamos arbitrales que previsiblemente interpondrá la minera, argumentan los ambientalistas y abogados.

Pero los sindicatos, que convocaron para este jueves y para el próximo lunes los paros nacionales, dicen que seguirán en las calles hasta que se derogue el contrato ley, lo que hasta ahora descartó el Parlamento y el Ejecutivo.

Cortizo aludió hoy al primero de estos asuntos señalando que hay que respetar el Estado de Derecho y proteger la institucionalidad, lo cual, dijo, "implica que todos esperemos los tiempos que determinan los fallos de la Corte Suprema de Justicia", a la vez que, reiteró, "acataré" el fallo que emita el Supremo sobre la Ley 406 de 2023 que aprobó el nuevo pacto minero.

De igual forma, el gobernante manifestó que le ha formulado una consulta al Procurador de la Administración sobre la "viabilidad jurídica" de una solicitud para derogar la Ley 406, presentada por grupos organizados que se oponen al convenio.

También destacó que la cartera de Comercio ha cumplido con la Ley 407 de 2023 que establece la moratoria a la minería metálica, y ha cancelado siete concesiones.

Cobre Panamá es una inversión de 10.000 millones de dólares que representa alrededor del 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá.

Así de acuerdo con la empresa y el Gobierno, el nuevo contrato ley multiplica por 10 los aportes al Estado y establece una rigurosa vigilancia medioambiental.

Al respecto, Cortizo reveló que hoy Minera Panamá realizó el pago correspondiente a sus obligaciones establecidas en el contrato ley, por la suma de 562,8 millones de dólares según precisó un poco después el Ministerio de Comercio. Esta cantidad irá a una cuenta "restringida" del estatal Banco Nacional de Panamá.

Además, el Ministerio de Ambiente y los municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera, donde opera la mina, recibieron 4,2 millones de dólares por el uso de agua, canon superficial y derechos de uso y servidumbre.

Minera Panamá, por su parte, declaró que se trata de uno de los pagos de regalías e impuestos "más grandes en la historia del sector minero mundial del cobre".

Además, la minera dijo estar dispuesta a "abrir nuevos espacios de diálogo, para crear relaciones duraderas basadas en el respeto, la cordialidad, el entendimiento y el mutuo beneficio".