San Salvador, 9 nov (EFE).- Un grupo de organizaciones humanitarias y familiares de personas desaparecidas en El Salvador se mostraron preocupadas este jueves por la postura del Estado de negar el fenómeno de las desapariciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluidas las de "corta duración" bajó un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La CIDH realizó una audiencia pública para abordar el fenómeno y el comisionado presidencial de Derechos Humanos de El Salvador, Andrés Guzmán, negó que se dieran desapariciones en el contexto del régimen, decretado para combatir a las pandillas.
"Persiste una narrativa que invisibiliza la desaparición de personas en El Salvador", indicó el oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Juan Carlos Sánchez, en conferencia de prensa, donde además alegó que hay al menos tres "puntos de preocupación".
Señaló que observaron al comisionado presidencial de Derechos Humanos y al procurador general salvadoreño, René Escobar, "negar la existencia de la desaparición de personas y la desaparición forzada en particular", a manos de agentes estatales.
"Continúan manejando que la desaparición forzada no existe en El Salvador, creo que ese es un punto que ha impactado mucho a las familias, a las madres que buscan, porque su realidad es diametralmente diferente a lo que se expresó ahora en esa audiencia", añadió Sánchez.
Y agregó que también preocupa la "manipulación que existe sobre los datos y las cifras", dado que "es inocultable una política de opacidad de las cifras".
Las autoridades salvadoreñas han puesto bajo secreto los datos relacionados con la violencia atribuida a las pandillas, como la de los cementerios clandestinos, además de la vinculada al régimen de excepción.
Sánchez añadió que la representación estatal no hizo referencia a la ratificación de instrumentos internacionales sobre la desaparición.
Yaneth Martínez, de la organización Cristosal, lamentó que "el Estado salvadoreño haya referido que no existen las desapariciones forzadas en este marco del régimen de excepción".
Indicó que solo Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) ha recibido 209 denuncias de personas detenidas, en las que las familias no reciben información sobre su situación y ubicación.
Las organizaciones humanitarias han señalado que la detención de personas de las que las autoridades se niegan a dar información se configuran en "desapariciones de corta duración".
El comisionado de Derechos Humanos del Gobierno del presidente Nayib Bukele dijo que durante 2023 la Fiscalía no ha recibido denuncias de desapariciones y catalogó de "falsa" la "afirmación de que las desapariciones forzadas de durante el régimen de excepción siquiera existan".
Añadió que "tampoco existe ni reconocemos en nuestro contexto la desapariciones forzadas de corta duración".
Carmen Argueta, madre del joven Herber Argueta, desaparecido el 4 de agosto de 2021, dijo que "a la fecha" no sabe "absolutamente nada" de su hijo.
"Así como el Gobierno no reconoce los datos que le mostró la sociedad civil, así yo no reconozco ninguno de los datos que el Gobierno ha dado", dijo Argueta, que señaló que se siente "ofendida" como madre y que las autoridades les "ignoran".
Por su parte, Sandra Chafoya, cuyo hijo Joshua Romero desapareció el 11 de septiembre de 2021, sostuvo que están "conmovidas como familias" y que es "una mentira" que las familias están recibiendo información de sus casos por parte de las autoridades.
Eneida Abarca, que es parte del Bloque de Búsqueda de personas Desaparecidas, dijo que el panorama para las familias es que las autoridades "no van a invertir recursos en desaparecidos".
Dijo que sobre el caso de su hijo Carlos Abarca, que desapareció el 1 de enero de 2022, un jefe de la Policía le manifestó que "no van a gastar recursos en buscar a Carlos".
Según datos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), entre 2019 y junio de 2022 se registraron 6.443 casos de personas desaparecidas, de las que 2.400 no han sido localizadas.
La Fiscalía recibió en algunos de los años más violentos en El Salvador entre 2014 y 2019 más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas. EFE
hs/sa/adl/rrt
Últimas Noticias
El mexicano Juárez y Atlético Nacional van ante el aguerrido Tolima por un nuevo título
La temperatura del Mediterráneo subió más de 1 grado en 25 años, según estudios italianos
El 150 aniversario de Chesterton pasa con discreción por el Reino Unido
Una fábrica clave de pólvora, posible objetivo del ataque ucraniano contra Kazan en Rusia
Sheinbaum se compromete a poner a mujeres indígenas en el "centro" de políticas públicas