HRW ve un ataque a institucionalidad intento de Congreso de cesar máximo órgano judicial

Lima, 7 nov (EFE).- La propuesta del Congreso de Perú de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, el principal órgano de control interno de la Judicatura) supone un ataque del Legislativo "para controlar las instituciones democráticas independientes", denunció este martes la organización Human Right Watch (HRW).

"El Congreso del Perú debería rechazar el intento de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. El ataque contra la JNJ forma parte de un patrón de acciones del Congreso para controlar las instituciones democráticas independientes", aseguró HRW en un comunicado.

En el mismo, advirtió que una junta "dominada por intereses políticos pondría en peligro el derecho al debido proceso", como el derecho de acceder a un tribunal de justicia imparcial e independiente, y el derecho al voto.

El Congreso va a debatir y votar este miércoles un informe de la Comisión de Justicia que propone la destitución de los siete miembros de la JNJ, organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales, por una presunta "causa grave en el ejercicio de sus funciones".

"La Junta Nacional de Justicia es una institución clave para la imparcialidad e independencia de jueces, fiscales y autoridades electorales", señaló en el comunicado difundido la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

Añadió que destituir a sus miembros "por medio de un proceso motivado por intereses políticos amenazaría los pilares del sistema democrático peruano y la protección de los derechos humanos".

"El intento de remover a los miembros de la junta es parte de un patrón de acciones de algunos sectores del Congreso para socavar la independencia de otras instituciones democráticas", indicó HRW.

Por ejemplo, destaca que en 2022 el Congreso nombró a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional peruano "en un proceso que careció de transparencia y de criterios claros para la selección de los candidatos".

Y que en febrero de 2023, ese tribunal emitió "un fallo de gran alcance que parece otorgar al Congreso una amplia autoridad con una supervisión mínima por parte de la judicatura".

En ese sentido, criticó que el Tribunal Constitucional permitió en mayo al Congreso avanzar en el nombramiento como defensor del pueblo y los parlamentarios eligieron a un excongresista "sin experiencia ni conocimientos en derechos humanos, quien no ha criticado los esfuerzos recientes del Congreso por socavar la independencia judicial".

"La comunidad internacional debería condenar el proceso altamente cuestionable de remoción de los miembros de la JNJ y pronunciarse en defensa del sistema democrático peruano. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debería visitar el Perú para reunirse con los actores involucrados", concluyó.