Abogada iraní Nasrin Sotudeh inicia una huelga de hambre para protestar por su detención

Teherán, 30 oct (EFE).- La abogada y defensora de derechos humanos iraní Nasrin Sotudeh inició este lunes una huelga de hambre para protestar por su detención en el entierro de Armita Garavand, la joven que murió tras sufrir una supuesta agresión por no llevar puesto el velo.

“La señora Nasrin Sotudeh ha sido trasladada a la prisión de Qarchak tras ser arrestada. Se ha declarado en huelga de hambre y medicamentos en protesta por su arbitrario arresto”, informó su abogado Mohammad Moghimi.

Qarchak es una prisión para mujeres, situada cerca de Teherán, conocida por sus malas condiciones.

Sotudeh fue agredida y arrestada ayer por no cubrirse el cabello con un velo durante el funeral de Garavand en el cementerio de Behesht Zahra, donde asistentes lanzaron eslóganes contra las autoridades.

Sotudeh, de 60 años y una larga carrera de activista contra el velo y la pena de muerte, calificó el sábado la muerte de Garavand como “otro asesinato de Estado”.

La abogada ha pasado largas temporadas entre rejas por "propaganda contra el régimen”, entre otras acusaciones, por defender a mujeres arrestadas por quitarse públicamente el velo y a opositores a la República Islámica de Irán.

Garavand murió el sábado tras pasar 28 días en coma tras sufrir una supuesta agresión por parte de las autoridades por no llevar puesto el obligatorio velo islámico en el metro de Teherán, de acuerdo con las denuncias de grupos de defensa de los derechos humano.

Las autoridades iraníes sostienen que Garavand sufrió el 1 de octubre una bajada de tensión cuando entraba a un vagón del metro, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que provocó un paro cardíaco, la disminución de oxígeno y un edema en el cerebro.

Su caso es similar al de Mahsa Amini, quien murió el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo.

Su muerte provocó fuertes protestas que durante meses pidieron el fin de la República Islámica y solo desaparecieron tras una represión que causó 500 muertos, la detención de al menos 22.000 personas y en las que fueron ejecutados siete manifestantes, uno de ellos en público.