Las protestas en Panamá contra el nuevo contrato minero, en cinco claves

Ciudad de Panamá, 27 oct (EFE).- La firma del cuestionado nuevo contrato ley para explotar la mina de cobre más grande de Centroamérica entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), cumple este viernes una semana, un acuerdo que ha desencadenado protestas multitudinarias y paralizado el país.

Exponemos 5 claves de esta crisis en Panamá.

El proceso negociador minero viene de lejos. En 1991 se produjo la concesión de exploración de los posibles yacimientos, en 1997 se producía la aprobación del contrato ley de explotación minera, en 2005 el respaldo a la construcción de la infraestructura y finalmente, en 2009, la autorización del inicio de la explotación comercial de la mina.

Ese primer contrato ratificado en 1997 entre el Estado y la entonces llamada Minera Petaquilla (igualmente de origen canadiense), ahora Minera Panamá, otorgó una concesión para la explotación de un yacimiento de cobre y oro, y otros minerales, en la zona de Cerro Petaquilla.

El área de esta primera concesión está ubicada en el distrito de Donoso en la provincia de Colón (Caribe), donde se encuentra el actual proyecto "Mina de Cobre Panamá", que explota la filial de la canadiense FQM y que desde 2019 exporta cobre desde esta cantera.

Este convenio establecía que la empresa podría solicitar dos prórrogas consecutivas del contrato por 20 años cada una, siempre y cuando la solicitud fuese presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias 120 días antes o 120 días después del término de cada periodo.

 El 30 de diciembre de 2016 se prorrogó ese contrato de 1997 por 20 años.

En 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional el primer contrato minero, la Ley 9 de 1997, en respuesta a un recurso presentado por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) en 2009. En 2021, la CSJ lo ratificó tras rechazar seis recursos contra su fallo.

La concesión otorgada a Minera Petaquilla, que tras varias ventas cambió su nombre a Minera Panamá, vencía en febrero de 2017, pero el Gobierno de entonces la prorrogó por 20 años más, hasta el 28 de febrero de 2037.

La ONG argumentó que el fallo del Supremo panameño anulaba esa contratación, y que la acción de inconstitucionalidad era para prevenir el daño sobre los ecosistemas de Donoso, en Colón, así como implementar una correcta gestión ambiental para evitar mayores daños.

A su vez, la empresa minera, que desarrolla el proyecto Cobre Panamá con una inversión de más de 10.000 millones de dólares, dijo en su momento que el fallo judicial no afectaba a su proyecto en Panamá. Sin embargo, años después aceptó negociar un nuevo pacto con el Gobierno del actual presidente, Laurentino Cortizo.

En marzo de 2023, el Gobierno de Cortizo y FQM alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años, que establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.

Este convenio del texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá se logró tras más de un año de arduas negociaciones.

Después de una consulta pública entre marzo y abril, el Gobierno aprobó el nuevo contrato minero en junio pasado y lo presentó para su aprobación al Parlamento, que lo devolvió al Ejecutivo recomendando modificaciones.

Ya con las modificaciones, algunas a cláusulas consideradas lesivas a la soberanía del país como la prohibición de sobrevuelos sobre el área de concesión, entre otras, el contrato fue otra vez remitido al Parlamento, que finalmente lo ratificó como la Ley 406 el 20 de octubre, mismo día de sanción por Cortizo y divulgación en la Gaceta Oficial. Esa rapidez inusual desencadenó una mayor indignación.

El rechazo y las protestas en contra del nuevo pacto minero cumplen cinco días, con los bloqueos de carreteras y avenidas en la capital y el interior del país a pesar del llamado a la calma y al diálogo hecho el martes por el Gobierno y las patronales.

Los cortes son realizados mayoritariamente por obreros de la construcción, mientras que activistas, docentes y estudiantes han realizado marchas, algunas masivas como la del miércoles en la capital, que han sido enturbiadas por actos de vandalismo que han dejado daños a la propiedad y saqueos.

Activistas y juristas han señalado que el nuevo contrato mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por la CSJ en 2017, mientras que los sectores sindicales y organizaciones populares exigen un referéndum para que la población decida si quieren que Panamá sea un país minero o no.

Esta crisis desencadenada por el contrato minero tiene como telón de fondo las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, por lo que varios de los aspirantes presidenciales se han manifestado.

Unos destacan la inversión realizada por FQM, los más de 9.300 empleos generados o el daño que se produciría a la economía del país si cierran la mina. Otros, sin embargo, se oponen directamente al contrato como Ricardo Lombana y el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), así como la independiente Maribel Gordón que lo considera una "lesión al pueblo panameño".

Fabio Agrana