Panamá suspende las clases ante nuevo llamado a protestas contra un contrato minero

Ciudad de Panamá, 22 oct (EFE).- Las autoridades de Panamá anunciaron la suspensión de las clases en el país este lunes ante el llamado a protestas contra el contrato entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals para la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

El Ministerio de Educación dijo este domingo que la suspensión de las clases a nivel nacional en las escuelas públicas y privadas este 23 de octubre pretende "salvaguardar a la comunidad educativa y evitar situaciones que pongan en riesgo a la población escolar".

Asimismo, la estatal Universidad de Panamá (UP), cuya sede principal en la capital suele ser escenario de manifestaciones y bloqueos a una neurálgica arteria vial, anunció la suspensión de las clases presenciales este lunes y martes, y recomendó a las facultades implementar las aulas virtuales en esas fechas.

Sindicatos obreros y de educadores anunciaron nuevos bloqueos para este lunes en la capital y en algunas zonas del interior en rechazo a la aprobación, el pasado viernes, del contrato ley con la empresa Minera Panamá, que explota la mina Cobre Panamá y exporta el mineral desde junio 2019, especialmente para el mercado chino.

Este domingo grupos de estudiantes y de sociedad civil se movilizaron pacíficamente en el paseo marítimo capitalino para rechazar el contrato minero.

La mina Cobre Panamá, con una inversión de unos 10.000 millones de dólares, cuenta con 5.279 trabajadores directos y genera cerca de 40.000 empleos indirectos, según datos del Gobierno y la empresa.

Su operación representa el 50 % de la producción global de First Quantum y el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) panameño, según datos del Deutsche Bank difundidos en Panamá.

Activistas, sectores civiles y sindicatos rechazan el acuerdo aprobado el viernes por considerarlo lesivo a los intereses nacionales, y denuncian que mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior contrato fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2017, años después de que en 2009 el grupo ambientalista CIAM presentara un recurso en ese sentido.

Pero el Gobierno de Cortizo alega que el nuevo contrato ley, que establece una concesión a 20 años prorrogables, cumple con las normas legales, establece un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, "10 veces más que el anterior", el pago de impuestos antes exentos, así como amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros.

Las protestas contra la mina se han venido realizando en los últimos meses, especialmente en la capital panameña, con saldo de heridos en enfrentamientos con la Policía, algunos de gravedad como un fotógrafo que perdió un ojo el jueves pasado.

La Defensoría del Pueblo denunció el viernes una "escalada en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional" contra los manifestantes y pidió a la Fiscalía una investigación, mientras que el director del organismo de seguridad, John Dornheim, ha dicho que los agentes están siendo atacados con objetos "contundentes" en las protestas.

El conflicto por el tema minero causa pérdidas millonarias a la economía nacional por los bloqueos, afirman los empresarios, que reconocen el derecho a la protesta pero piden otra forma de ejercerlo.