Puerto Príncipe, 19 oct (EFE).- El expresidente de Haití Michel Martelly y los exlegisladores Youri Latortue y Prophane Victor son señalados como financieros y promotores de las bandas armadas que aterrorizan a Haití en un informe del Grupo de Expertos de la ONU dado a conocer este jueves.
El informe asegura, que los políticos y las élites económicas que desean obtener votos o proteger sus bienes "suelen pagar a las bandas en especie o en metálico, una práctica que ha enriquecido progresivamente a las bandas y les ha dado más poder".
En los dos últimos años, las bandas han encontrado formas de financiar sus actividades de forma independiente: saqueos, secuestros y extorsión a los usuarios de las carreteras en Haití, pendiente del despliegue de una fuerza multinacional, que liderará Kenia, para ayudar a garantizar la seguridad en esta nación.
Michel Martelly, quien gobernó entre 2011 y 2016, "utilizó a las bandas para extender su influencia en los barrios con el fin de hacer avanzar su agenda política, contribuyendo así a un legado de inseguridad cuyos efectos aún se dejan sentir", señala el informe del Grupo de Expertos, creado mediante una resolución de 2022 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Martelly, quien llegó al poder tras una larga carrera como cantante, financió varias bandas, como Base 257, Village de Dieu, Ti Bois y Grand Ravine, proporcionándoles fondos o armas de fuego "para impedir manifestaciones contra el Gobierno en Pétion-Ville, en particular a partir de 2014", agrega la investigación.
El expresidente también utilizó intermediarios, incluidas fundaciones y miembros de su círculo íntimo, para establecer relaciones y negociar con otras bandas.
Arnel Joseph, antiguo jefe de la banda Village de Dieu, declaró que hablaba regularmente con un intermediario que trabajaba en la unidad de escolta de Martelly, y añadió que este intermediario le entregaba armas de fuego y grandes sumas de dinero.
El documento menciona un video en el que Ti Lapli, uno de los actuales líderes de Grand Ravine, explica que Martelly entregó a Tet Kale (antiguo líder de Grand Ravine) un fusil Galil de 5,56 mm perteneciente a la policía y un fusil del mismo tipo a Chrisla, líder de la banda Ti Bois.
De 2016 a 2020, Prophane Victor fue diputado por Petite Rivière, en el departamento de Artibonite, una región con crecientes niveles de violencia y control de las bandas.
Para garantizar su elección en 2016 y su control sobre la región, Victor comenzó a armar a jóvenes de Petite Rivière, que luego formaron la banda Gran Grif, actualmente la más grande del departamento de Artibonite y la más responsable de violaciones de derechos humanos, incluida la violencia sexual.
Victor, sancionado este año por Canadá, siguió apoyando al Gran Grif hasta 2020, cuando él y la banda se enemistaron por las promesas incumplidas durante el periodo electoral, agrega el informe.
Por su lado, Youri Latortue, natural de Gonaïves y expresidente del Senado entre 2017 y 2018, ejerce un control considerable sobre la vida política y económica del departamento de Artibonite, en particular mediante el uso de bandas como Raboteau, a las que financia y arma, según los expertos.
Latortue, sancionado por Canadá y Estados Unidos por ayudar a las bandas, también financió a la banda Kokorat Sans Ras, un grupo extremadamente violento del departamento de Artibonite, según la denuncia El exsenador se servía de las bandas "para que le proporcionasen una estrecha protección y para destruir bienes", agrega el informe.
El Grupo de Expertos afirmó que recibió recientemente un vídeo en el que Barbecue, líder de una banda, afirmaba que el Latortue le había entregado 30.000 dólares.
Tras las informaciones recabadas, el Grupo de Expertos recomienda que el Consejo de Seguridad aplique el embargo de armas selectivo a todos los agentes no estatales en Haití y no sólo a las personas y entidades objeto de las sanciones, con exenciones para el equipo adquirido para uso exclusivo de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las representaciones diplomáticas o en el contexto de un posible apoyo extranjero a la Policía de Haití.
También anima a los Estados miembros a que apoyen el refuerzo de la capacidad de los servicios aduaneros y de control fronterizo de Haití para luchar contra la delincuencia transnacional.
Por último, pide a apoyar el refuerzo de la integridad y la capacidad del sistema judicial para poner fin a la impunidad, en particular a las bandas y sus patrocinadores y quienes están implicados en la malversación de fondos públicos.
Puerto Príncipe, 19 oct (EFE).- La inseguridad, la violencia y el tráfico de armas, drogas y migrantes asolan Haití y comprometen su desarrollo social y económico, según el último informe del Grupo de Expertos de la ONU conocido este jueves.
"La inseguridad, el vacío institucional y la debilidad de los controles fronterizos favorecen los intereses de los criminales, en particular de los narcotraficantes, que intensifican sus operaciones", denuncian los expertos.
Alertan de que además la crisis haitiana repercute en la actividad delictiva en la región, ya que la demanda y circulación de armas de fuego ilegales en el país más pobre de América alimenta el tráfico en República Dominicana y Jamaica.
Se estima que las armas de fuego en circulación en Haití alcanzaban en 2022 las 600.000, frente a las 291.000 de 2018, la gran mayoría de ellas de posesión ilegal.
Hay una constante demanda de armas de fuego y municiones tanto por parte de bandas como de civiles y se paga por ellas precios muy elevados, lo que ha hecho que surjan numerosas pequeñas redes transnacionales (el llamado "tráfico hormiga"), debido al lucrativo negocio que supone el tráfico de armas.
Por ejemplo, por los rifles semiautomáticos de 5,56 mm se pagan entre 5.000 y 8.000 dólares, mientras que una pistola de 9 mm puede costar entre 1.500 y 3.000 dólares y el cartucho de munición de 3 a 5 dólares.
"El tráfico de armas y municiones hacia Haití es uno de los principales motores de la expansión del control territorial por parte de las bandas y de los niveles extremos de violencia armada en el país y representa una amenaza para la estabilidad regional", advierte el documento.
Ante esta situación, el Grupo de Expertos considera que detener el flujo de armas y municiones debe ser una prioridad para las autoridades haitianas y, en conjunto, para los Estados de la región y subraya que las disposiciones del embargo de armas selectivo deben aplicarse de forma urgente y estricta.
El narcotráfico ha encontrado también terreno fértil en Haití, dado el bajo número de incautaciones, en especial por "la implicación de ciertos actores económicos y políticos corruptos del país, que se apoyan en las autoridades encargadas del control de las fronteras, las fuerzas del orden y ciertos miembros del sistema judicial", denuncian los expertos.
Algunos empresarios y políticos, agregan, colocan a sus compinches en puestos claves de autoridad y se aprovechan de los numerosos "puntos ciegos" que existen en el país, lo que les permite mover droga sin demasiadas interferencias, incluso en connivencia con las bandas.
Pese a su limitada capacidad operativa, la Oficina haitiana de Lucha contra el Tráfico de Estupefacientes decomisó unos 104,7 kilos de marihuana y 5,4 de cocaína en el primer semestre de 2023 y un examen de las incautaciones reveló que existen múltiples rutas de la droga en Haití, desde la costa sur (Baie des Flamands, Les Cayes, Ile-à-Vache y Plaisance-du-Sud) al norte (Cap-Haïtien, Port-de-Paix y Artibonite), el centro (Hinche y Mirebalais) y el oeste (Plaisance y Bon-Repos), aunque el sur es el principal punto de entrada.
El informe también se refiere al tráfico de migrantes, convertido en "un lucrativo negocio facilitado por una serie de actores en Haití y en el extranjero como contrabandistas, funcionarios corruptos encargados de expedir pasaportes y visados, funcionarios de inmigración, agencias de viajes, operadores de vuelos chárter y constructores de embarcaciones".
El Grupo de Expertos visitó México, República Dominicana y Estados Unidos para conocer el impacto de la crisis haitiana en los migrantes y refugiados. En Haití, en concreto en Port-de-Paix, vio los lugares donde se construyen las embarcaciones que transportan a los migrantes, unos barcos que cuestan entre 25.000 y 50.000 dólares y suelen ir sobrecargados con un centenar de personas.
Estas personas pagan entre 1.000 y 3.000 dólares por un viaje a Estados Unidos que, si todo va bien y no hay percances, puede durar una semana.
Los expertos subrayan que "los migrantes haitianos en la región sufren discriminación y xenofobia debido a su etnia, idioma y condición de indocumentados". Además, la falta de sistemas de apoyo los coloca en condiciones extremadamente difíciles y los hace más vulnerables a la explotación laboral y las organizaciones criminales.