La audiencia preliminar en caso de masacre de jesuitas en El Salvador está programada para diciembre

San Salvador, 16 oct (EFE).- La audiencia preliminar en contra del general retirado Rafael Bustillo, del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y otras personas, acusadas de participar en el asesinato en El Salvador de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos colaboradoras en 1989, está programada para diciembre, según dijo este lunes un fiscal.

El representante de la Fiscalía General de la República (FGR) - cuya identidad fue reservada por seguridad - amplió que "se tiene previsto que la diligencia se realice entre el 4 y el 8 de diciembre" del año en curso.

En su declaración, compartida en la cuenta del Ministerio Público en la red social X, el fiscal informó de que hoy "se lleva acabo la declaración anticipada del teniente Ricardo Espinoza Guerra", también acusado de participar en el asesinato de los sacerdotes jesuitas.

Explicó, sin brinda más detalles, que "la declaración anticipada ha sido solicitada por parte de la defensa" e indicó que el militar en retiro "también es un testigo ofertado por la Fiscalía para fortalecer la acusación contra los responsables de este crimen".

La declaración fue brindada ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, agregó.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación.

Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.