Bangkok, 6 oct (EFE).- El Tribunal Supremo birmano volvió a rechazar este viernes varias apelaciones presentadas por los abogados de la líder de facto depuesta Aung San Suu Kyi relacionadas con cargos por corrupción por los que fue condenada tras el golpe de Estado de 2021.
Una fuente cercana a Suu Kyi indicó que la exmandataria, de 78 años, puede presentar otra apelación ante el Ministerio de Justicia y que el Supremo rechaza por sistema las apelaciones de la líder depuesta.
El pasado 29 de agosto, el Supremo rechazó otras apelaciones relacionadas con varios casos, incluidos la violación de las normas de la covid-19, la posesión ilegal de "walkie-talkies" y un delito de sedición.
Suu Kyi, que según su entorno familiar padece problemas de salud por mareos y problemas en las encías que le dificultan comer, defiende su inocencia entre los llamamientos de la comunidad internacional para que sea liberada sin condiciones.
La exmandataria fue detenida el mismo día del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 en Birmania (Myanmar) y desde entonces solo ha sido vista una vez, mientras que la junta ha prohibido a sus abogados hablar con la prensa.
En un largo y opaco proceso judicial fue condenada a un total de 33 años de cárcel en varios juicios que finalizaron a finales de 2022, aunque el pasado agosto la junta militar le redujo la pena a 27 años.
Otros delitos por los que fue condenada son la violación de secretos oficiales, el abuso de poder para la compra de terrenos y helicópteros y por incitación.
Suu Kyi, que lideró el Gobierno birmano entre 2016 y 2021, ya pasó bajo arresto domiciliario 15 años de manera interrumpida bajo la anterior junta militar (1962-2011).
El golpe de Estado de 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas con nuevas milicias antijunta creadas tras el levantamiento militar.
Según el último recuento de la Asociación para la Asistencia de los Prisioneros Políticos (AAPP), una oenegé local, 19.669 prisioneros políticos continúan detenidos y 4.142 personas han fallecido en manos de las fuerzas armadas desde el golpe.