Los obispos de Perú afirman que una investigación del Congreso contra la JNJ pone en riesgo la legalidad

Lima, 13 sep (EFE).- La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció luego de que el Congreso de la República decidió iniciar una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Es así como mostraron su oposición a la moción que presentó la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) y apoyado por 83 colegas más.

A través de un comunicado, precisan que el Perú “vive en una crisis” que ha generado “mayor inestabilidad” ante la aprobación de este oficio que inicia diligencia en solo 14 días por “causales graves” imputados a los integrantes del JNJ.

Además, recordaron que este órgano constitucional es autónomo y de acuerdo con la Constitución “gozan de la garantía del Estado” para su “independencia, inamovilidad de sus cargos y permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función”.

"Como obispos creemos en una democracia sólida, con paz y justicia social, y expresamos que la Iglesia basada en su Doctrina Social, quiere ser siempre solidaria con la humanidad entera y con su historia", concluyó.

Por lo que pidió respetar el artículo 97° de la Constitución que hace referencia al proceso de la investigación y que se realice “bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”.

A su vez, hicieron un llamado a las autoridades peruanas a solucionar los conflictos que solo llevan a “una división, caos, a la ruptura de la legalidad y la legitimidad”. Como también recordaron que estas diferencias ya han ocasionado “mucho daño al país”.

Los obispos también señalaron que el instrumento de la Justicia es el derecho, por lo que este no puede ser sustituido por la ley, ni viceversa. Por lo que pidió que se encuentre una estabilidad a través de la “sabiduría y rectitud, desprendidos de apetitos personales y grupales, donde debe primar el interés por el Perú, el bien común de todos, como muy bien lo ha expresado el Papa”.

Este martes, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso inició una investigación sumaria, que se desarrollará durante 14 días, a los integrantes de la JNJ a pesar de la preocupación manifestada por organismos nacionales e internacionales ante una posible amenaza al equilibrio de poderes en el país andino.

La comisión, que preside la legisladora Janet Rivas, del partido Perú Libre, dio luz verde al plan de trabajo de la investigación, que fue aprobado por el pleno del Congreso el pasado jueves.

La congresista Patricia Chirinos presentó la moción que busca la remoción de los integrantes de la JNJ con el argumento de que “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”.

Como fundamentos, la moción recurrió a un pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político al que fue sometida por el Congreso la exfiscal general Zoraida Ávalos, y la denuncia de una supuesta intromisión ante los miembros de la Corte Suprema para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.

En respuesta, la JNJ consideró que esta investigación es una amenaza al "ejercicio independiente de sus funciones" y que la eventual remoción de sus miembros "constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú".

Por este tema, la Cancillería convocó este martes al coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en el país, Igor Garafulic, para “transmitirle formalmente la extrañeza” del Gobierno por un pronunciamiento que emitió la representación que lidera en rechazo a la investigación del Congreso.

Poco antes, la Comisión de Exteriores del Congreso exigió su retiro del país por considerar que cometió una “intromisión en asuntos internos”, mientras que el presidente del grupo de trabajo, el fujimorista Alejandro Aguinaga, anunció que “se pretende declararlo persona non grata”.

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