El abogado de Boluarte pide a la Fiscalía que archive la denuncia por genocidio

Lima, 23 ago (EFE).- La defensa de la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha solicitado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que archive la denuncia por genocidio presentada contra la jefa de Estado por las muertes ocurridas en las protestas a comienzos de año porque considera demostrado que no participó en la imputación, según declaró este miércoles a una radioemisora local.

El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró a RPP Noticias que "se siga investigando y que se establezcan las situaciones en las que hubo uso debido o indebido de la fuerza, y en base a ello absolver o responsabilizar; pero eso no se hace de la manera como se está investigando".

En tal sentido, confirmó que han pedido "a la Fiscal de la Nación que cierre esta investigación, porque hay un deterioro de la autoridad democrática que es devastador para el Estado".

Campos añadió que "lo que hemos visto es que ocurrieron manifestaciones violentas que no pueden ser calificadas como protesta", y que las muertes ocurridas en esas movilizaciones "se están investigando".

"Acá hubo alguien que mantuvo la zozobra y que provocó un contexto que deberá ser investigado", acotó el letrado.

En un escrito enviado a la fiscal de la Nación, Campos señala que "se ha demostrado, durante la investigación preliminar, que mi patrocinada no participó en los hechos imputados y que no se configuran los elementos objetivos y subjetivos de los delitos imputados", entre ellos los de genocidio, homicidio y lesiones graves.

"Se ha descartado que haya existido una orden por parte de la presidenta para efectos de las lamentables muertes, que se siguen investigando", indicó en el documento.

Remarcó que Boluarte solo recibió un informe al final del día de las acciones de control de las protestas y que ella había dado instrucciones para que se ciñeran al respeto de los derechos fundamentales.

La mandataria es investigada junto con varios integrantes del Ejecutivo por la muerte de 49 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, durante las protestas ocurridas entre diciembre y febrero último que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.